Si es patriarcal no es justicia
La firma de María José Aguilar Idáñez, Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha
Cadena SER
Albacete
En España la mitad de los delitos sexuales tiene como víctima a una menor. El perfil medio de estas víctimas es de niñas y adolescentes (el 80%) con una media de edad de 11 años (aunque la mayoría empieza mucho antes a sufrir abusos).
La mayoría de los delincuentes abusadores y violadores son hombres del entorno familiar. El padre es el agresor en la mitad de estos casos.
Y no se trata de familias desestructuradas, sino de familias cuyos padres son, en el 80% de los casos, aparentemente ciudadanos perfectamente integrados en la sociedad.
Cuando una madre se entera, lo que no siempre es fácil ni rápido, que su hijo o su hija sufre abusos y agresiones sexuales por parte del padre, lo que hace es denunciarlo para proteger a sus criaturas. Es lo que se espera de un Estado de Derecho: que proteja a las víctimas de violencia sexual, especialmente si son menores de edad.
Sin embargo, en España se protege a los delincuentes victimarios en lugar de proteger a las víctimas.
En España no se protege a las madres que denuncian violencia de género y sexual hacia sus hijos e hijas. Porque nuestro Estado aplica una política de arrancamiento, de quita de custodias a las madres que han presentado denuncias por maltratos y abuso sexual infantil hacia sus hijos por parte de sus progenitores.
Las sentencias contra las madres protectoras son ejemplarizantes e incluyen, como escarmiento, la condena a prisión de mujeres que se han negado a entregar a sus hijos a los abusadores.
En España, se encarcela a las madres por proteger a sus hijos. En España no se escucha a las madres ni a los menores en la mayoría de estos procesos.
El caso de Juana Rivas, lamentablemente, no ha sido el único donde el Estado ha protegido al agresor y condenado a las víctimas. Ángela González llegó a denunciar hasta 50 veces al agresor pidiendo protección para su hija. No fue escuchada y la niña terminó asesinada por su padre en una visita no vigilada cuando tenía 7 años.
Lo grave es que no son casos aislados ni del pasado: María Salmerón, Sara B.B., Helena Cuadrado o Patricia González son algunas de las madres que han sido encarceladas, condenadas (o en proceso de serlo) por intentar proteger a sus hijos de progenitores violentos.
La reciente condena de prisión a María Sevilla por proteger a su hijo, que fue entregado hace dos años al padre (presunto) agresor y abusador, es otro ejemplo más de esta mal llamada justicia machista y abusadora que revictimiza a los menores y criminaliza a las madres protectoras. Cuyos efectos solo mitigamos en una muy pequeña parte, y varios años después de las condenas, mediante indultos a posteriori obtenidos a base de recabar firmas de la ciudadanía.
Por eso debemos apoyar y difundir el llamamiento público internacional "para que España revise las sentencias que constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos, que brinde inmediata protección a niños y niñas que se encuentran conviviendo con progenitores violentos y evite el encarcelamiento, o deje sin efecto al mismo, de varias madres que están luchando para proteger a sus hijos".
Porque la justicia, si es patriarcal, no es justicia.
