Un colectivo de ayuda a los migrantes pide utilizar ya las carpas de la Comisaría de Arrecife

Arrecife

La Red Ciudadana de Solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote, a través de un comunicado, ha abogado este miércoles por utilizar ya las carpas instaladas en la trasera de la comisaría de Policía Nacional en Arrecife. Una infraestructura que tiene como objetivo funcionar como Centro Temporal de Acogida de Extranjeros (CATE) y cuya instalación fue denunciada por el Ayuntamiento al entender que la misma era ilegal pues no contaba con la correspondiente licencia ni tenía cedido el suelo por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El colectivo ha señalado que, en cualquier caso, "en las instituciones nadie es capaz de ver que ni naves ni carpas son instalaciones adecuadas para acoger a personas, parece que no se quiere dar un trato humano a las personas que llegan en condiciones extremas a pesar de que Canarias es tierra de migrantes".

Así, añade que en Lanzarote estas las únicas dos opciones son o unas carpas instaladas por decisión del Ministerio de Interior al lado de la Comisaría de la Policía Nacional, en las inmediaciones del puerto, o seguir empleando una nave industrial en las afueras de la capital, próxima a una depuradora y cuyas condiciones infrahumanas han sido denunciadas en varias ocasiones.

Cronología de la “nave de la vergüenza de Lanzarote”

Sobre la nave industrial ubicada en la carretera Arrecife-San Bartolomé, “la nave de la vergüenza de Lanzarote”, señalan que estuvo utilizándose como centro de acogida humanitaria gestionado por la Cruz Roja entre agosto de 20201 y abril de 20212 y en ellas, decenas de personas han permanecido hacinadas durante meses en condiciones indignas en este espacio.

Recuerdan que la activista Helena Maleno, portavoz de la organización Caminando Fronteras, difundió en sus redes sociales un video en el que varias mujeres denunciaban las condiciones de vida en la nave. Además, el Defensor del Pueblo realizó una visita no anunciada en este espacio, en diciembre de 2020, y también denunció las condiciones de la infraestructura en su informe sobre la migración en Canarias.

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En el comunicado, señalan que se procedió a su cierre el 16 de abril de 2021 y varios jóvenes se encontraron en situación de calle a pesar de que en la nave de Lanzarote se encontraban algunas personas que estaban realizando cuarentena. Recuerdan que las instalaciones son muy precarias y no están en buen estado de conservación, que el espacio es diáfano, sin apenas separación entre las zonas destinadas para permanecer durante el día, comer, dormir y asearse y que la dotación es insuficiente para las 200 personas que pueden llegar a permanecer allí. 

Desde septiembre de este año, la nave se ha convertido en un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), un dispositivo que sustituye al calabozo en la que las personas cumplen el periodo de detención legal, el cual no debería superar las 72 horas.

La Red explica que en un CATE, las personas están bajo custodia policial y no tienen derecho a salir del recinto y como desde que cerró la nave como centro de acogida humanitaria en Lanzarote ya no existen recursos de acogida para los adultos, una vez transcurrido el periodo de detención legal, las personas están siendo trasladadas desde el CATE a otros recursos, según la situación: si son positivos por Covid-19 o contactos estrechos, se aíslan en complejos hoteleros gestionados por la Cruz Roja en Puerto del Carmen. Si no, se realiza su traslado a campamentos en otras islas.

En el caso de víctimas de trata u otros perfiles vulnerables, pueden ser derivadas a recursos específicos en la península. Recuerdan que recientemente, también ha vuelto a funcionar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria, en el que las personas pueden estar siendo privadas de libertad hasta 60 días mientras se tramita su deportación.

Señalan que pocos días después de la llegada de las primeras personas a la nave habilitada como CATE, la abogada y activista Loueila Mint al Mamy publicó en sus redes sociales otro video en el que se aprecian las pésimas condiciones en las que se encuentran las personas allí custodiadas. Se han concentrado hasta 500 personas en este lugar donde se pasa mucho calor durante el día, frío por la noche, humedad e inundaciones. La nave no dispone de duchas y no permite realizar una adecuada separación ni entre hombres y mujeres, ni entre grupos de llegada para evitar contagios por la Covid-19.

También Amnistía Internacional España se desplazó a Lanzarote  y alertó de que en la nave ''pueden repetirse imágenes que ya se han visto en el pasado'' y que ''no se garantiza la asistencia de un abogado, ni la correcta identificación de menores de edad o personas con necesidades especiales como las víctimas de trata''.

Las salidas a la zona exterior de la nave están limitadas a tres personas a la vez, sin que esté permitido salir del recinto y de hecho, hay un espacio vallado para aislar a casos positivos, "que no puede considerarse adecuado para tal fin". Añaden que han recibido quejas donde se indica que las personas pasan calor durante el día y frío por la noche, debido al mal aislamiento de las instalaciones. Además, no reciben asistencia social, jurídica o psicológica, lo que impide la detección y derivación a recursos adecuados de los perfiles vulnerables. Defensor del Pueblo, La migración en Canarias, Estudio, 2021.

La polémica de las carpas de Arrecife

La Red Ciudadana de Solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote también se ha referido a las carpas de Arrecife y en este sentido, ha recordado que en septiembre, el Delegado del Gobierno anunció que se estaba preparando un dispositivo de CATE móvil en Arrecife, algo que se llevaba hablando desde abril y que se refiere a las carpas instaladas al lado de la Comisaría de la Policía Nacional, en un solar de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Desde que empezaron a montarse, afirman que varios partidos políticos políticos locales se han venido pronunciando en contra. El 21 de octubre, el Ayuntamiento de Arrecife puso en marcha un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por la instalación de 20 estructuras desmontables y ordenó la inmediata suspensión de las obras hasta que se regularice la situación.

El expediente se refiere a un informe de Protección Civil que advierte de la alta inundabilidad de la zona en caso de lluvia, lo cual cuestionaría la idoneidad del lugar. También se denuncia que no se disponga de una autorización de la Autoridad Portuaria, cuyo trámite puede durar unos dos años.

La subdelegada del Gobierno afirma que ya han pedido la cesión del solar a Puertos, y que mientras tanto se está tramitando la declaración de Emergencia de esta intervención. Con ello, entienden que no serían necesarias más autorizaciones municipales. En cuanto a los sindicatos policiales, no hay consenso ya que uno se posiciona en contra de las carpas y otros dos celebran su implantación.

El colectivo señala que ya han pasado tres semanas desde el momento álgido de la polémica y las carpas todavía no están en uso y las personas que llegan en pateras siguen siendo custodiadas en la nave. "Estamos ante una clara situación de bloqueo político en el que las personas migrantes están siendo instrumentalizadas".

Se remiten a las declaraciones de la Delegación de Gobierno en las que se afirma que las 20 carpas tienen una capacidad total de hasta 200 personas, están equipadas de camas-literas (cuando en la nave industrial se usan camastros, cuando no simples esterillas), están climatizadas, y disponen de duchas con agua caliente y de un número suficiente de retretes.

Así, consideran que las condiciones que ofrecen "parecen bastante más adecuadas que las de la nave, siempre y cuando no se alargue el plazo legal de 72 horas en el que deben permanecer allí". Además, ofrecen la posibilidad de separar las mujeres de los hombres y de mantener las distancias sanitarias entre los grupos por embarcación y así reducir los posibles contagios por Covid-19 en el recinto.

Que se usen las carpas ya

Ante esta situación, "recordando que estamos hablando de personas que llegan exhaustas de un viaje por mar y aún teniendo instalaciones que podrían ofrecerles mejores condiciones", la Red Ciudadana de Solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote considera que los criterios de oportunidad política impiden que se les ofrezca un trato más humanitario.

Denuncian "la indecencia de un uso partidista de personas en situación de migración". Aseguran no entender cómo en este momento se paraliza el uso de unas instalaciones que podrían mejorar la calidad de la primera acogida "cuando, en otras ocasiones, se ponen en funcionamiento hoteles, negocios o bodegas sin permiso alguno…". Dada la emergencia actual, consideran que debe prevalecer el bienestar de las personas usuarias de estos dispositivos y apelan a la humanidad de la corporación municipal.

Sobre la inundabilidad de la zona en caso de fuertes lluvias, aclaran que se trata de un asunto que afecta a la ciudadanía de Arrecife y a la imagen de la ciudad desde hace muchos años. "Tal vez el ayuntamiento podría plantearse resolver el problema de una vez en lugar de bloquear un recurso posiblemente más adecuado que el que se usa actualmente".

Por otro lado, recalcan que la nave industrial se ha inundado con aguas fecales en repetidas ocasiones, con decenas de personas dentro, sin que ninguna institución insular lo denuncie o exija su cierre. "No quisiéramos pensar que lo que molesta realmente al ayuntamiento no son tanto las condiciones de acogida de las personas migrantes sino la ubicación de las carpas en un lugar de paso del turismo de cruceros, pues estaríamos ante un caso evidente de política inundada de aporofobia y racismo, migrantes con dinero frente a migrantes pobres".

La asociación afirma por lo tanto estar a favor del uso inmediato de las carpas, "pues es mejor recurso que la nave de la vergüenza", aunque no por ello deja de condenar "el desprecio demostrado por el Ministerio de Interior y la Delegación de Gobierno hacia las instituciones locales. La implementación de este tipo de medidas debería realizarse desde el diálogo, no con posturas autoritarias de tintes coloniales. Insistimos en que estas instalaciones deben garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como del personal a cargo, cumpliendo con las normas y los planes de evacuación en vigor". Añaden que la Delegación de Gobierno debe actuar en todo momento de manera transparente y respetuosa ante la ciudadanía de Lanzarote.

Por otro lado, el colectivo dice entender que la implantación de estas infraestructuras debe ser acompañada del correspondiente refuerzo de personal administrativo, para poder realizar las gestiones propias de las primeras 72 horas en tiempo y forma. Recuerdan que el Ministerio de Interior ha recibido 13,5 millones de euros de la Unión Europea para reforzar la atención a las personas migrantes y entienden que esta atención incluye, en el periodo de permanencia bajo custodia policial, una correcta asistencia jurídica, sanitaria, con intérpretes y que debe permitir un trato personalizado para detectar los perfiles vulnerables.

La Red ciudadana de solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote pide que se desbloquee urgentemente la situación política que impide el uso del CATE temporal de Puerto Naos. "No porque las carpas sean la solución definitiva, sino porque parecen ofrecer condiciones más dignas que las de la nave y ser un recurso temporal. Como colectivo volcado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, seguiremos velando por la detección y denuncia de cualquier vulneración de derechos o incumplimiento de los plazos legales de retención dentro de estas instalaciones una vez estén en uso".

También pide que se adopten las medidas necesarias para la construcción de un centro insular de acogida y atención en condiciones de dignidad y decencia humanitaria para el conjunto de las personas necesitadas de recursos alojativos como son personas en situación de migración pero también personas sin hogar u otras situaciones de vulnerabilidad social.

A pesar de apoyar de manera circunstancial el uso de un dispositivo implementado por el Ministerio de Interior, la Red mantiene su firme oposición al Plan Canarias y sus macrocampamentos, sigue denunciando "la opacidad que rige la gestión de todos los centros de acogida de Canarias y exige que las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos tengan acceso a las instalaciones que acogen personas migrantes en Canarias, tanto adultos como menores".

Por otro lado, rechaza con fuerza el paradigma actual de la gestión de los flujos migratorios en Canarias, "racista y xenófobo",  la Ley de extranjería "que criminaliza a las personas migrantes" y el Pacto Europeo sobre las Migraciones "que genera sufrimiento y muerte en todas las fronteras del espacio Schengen. La alternativa a estas políticas inhumanas son vías de migración legales y seguras".

Por último, alertan del peligro de políticas "basadas en un profundo desconocimiento del fenómeno migratorio, las cuales solamente buscan justificar el racismo social e institucional y vinculan la inmigración con la inseguridad". Añaden que acoger en condiciones dignas a las personas migrantes no es dar una mala imagen de nuestra capital, de nuestro municipio o de nuestra isla. "Al contrario, estamos convencidas de que Canarias podría dar lecciones de humanidad al resto del mundo si tratara con la debida hospitalidad a cualquier persona que transita por sus islas".