Admitida a trámite la querella contra los responsables de la depuradora del Este de Gijón
El abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, confía en que suponga la inmediata paralización y demolición definitiva
El equipamiento que ha levantado una guerra que lleva más de 10 años judicializada. / CHC
Gijón
El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la comunidad de propietarios del Pisón contra los responsables de la depuradora de la Zona Este, ordenando la apertura de diligencias previas. El letrado de los vecinos, Marcelino Abraria, confía en que este nuevo paso judicial sirva para paralizar el equipamiento y se proceda a su definitiva demolición.
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Abraira también ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades de todos aquellos que han participado en esta "ilegalidad", entre ellos, el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Precisamente sobre el asturiano, ha avanzado que presentarán acto de conciliación contra él en Madrid para que se retracte de sus palabras, aparecidas en distintos medios acerca de la actitud de los vecinos del Pisón y su batalla judicial contra la depuradora. Si no lo hace, presentarán una denuncia penal ya que, según el abogado, pueden incitar a la "discriminación" de estos vecinos. Abraira recuerda que la decisión adoptada supone que "el juez ve que hay indicios de criminalidad".
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Responsables subsidiarios
La querella también abarca al presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Manuel Gutiérrez; el director general del Agua de España, Teodoro Estrela; el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, Francisco Javier Chacón; el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Principado, Pablo Luis Álvarez, y a la empresa responsable del estudio de impacto ambiental para la reactivación de la planta depuradora.
Se apunta, asimismo, como responsables civiles subsidiarios al Gobierno asturiano, el Ayuntamiento de Gijón, la Confederación Hidrográfica y el Ministerio para la Transición Ecológica. Además, solicitan la declaración como testigo de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El letrado les acusa de prevaricación continuada, falsedad documental y malversación de fondos públicos, a lo que ha sumado discriminación a los vecinos del Pisón.
