La recuperación del patrimonio sindical

Albacete

El pasado 4 de noviembre las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la ley de extinción de las cámaras agrarias. Era una asignatura pendiente, acordada ya en una docena de Comunidades Autónomas, que ha tardado demasiado en cerrarse, aunque no sabemos si lo hará en falso o dejará todavía rescoldos. El asociacionismo agrario vivió la transición cuando el país había apostado claramente por el abandono del sector primario y nuestros gobernantes quisieron utilizar sus recursos hasta la extenuación, sin tener en cuenta la devolución del patrimonio sindical incautado por el franquismo a las organizaciones sindicales y políticas que declaró ilegales en plena guerra civil.

Uno de los platos fuertes de la II República fue la reforma agraria. La idea del reparto de la propiedad para acabar con el empleo precario y la pobre productividad que generaba hambre y miseria en la sociedad vino a satisfacer una amplia y antigua reivindicación del movimiento obrero de principios de siglo XX. La cuestión social llevó también en el rural a que los campesinos crearan sus propios sindicatos y las casas del pueblo de inspiración socialista. La guerra civil y el triunfo del franquismo cerraron en falso aquel proyecto y supuso una auténtica contrarreforma que arrasó con el sindicalismo agrario. En su lugar se crearon las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos en las que se integraban propietarios y campesinos, con lo que desaparecía por decreto la lucha de clases y los conflictos. Para completar la organización se crearon las Cámaras Agrarias como entidades de control provincial. Durante la Transición todavía persistía el enorme poder de unas instituciones que gestionaban más recursos que los propios ayuntamientos.

Con la extinción del sindicalismo vertical franquista quedaba por resolver el futuro del asociacionismo agrario. La aparición de las organizaciones profesionales agrarias, con un nítido aliento progresista, hizo temer a los políticos de la UCD la pérdida de un poder que necesitaban mantener frente a las fuerzas progresistas que aspiraban a controlar los ayuntamientos. Se decidió mantener la vieja estructura, aunque se convocaron unas elecciones, las primeras y únicas desde entonces, que afianzaron las candidaturas más afines a los dirigentes conservadores. A la par se legalizaron los sindicatos de clases y se tuvo que proceder a la devolución del patrimonio sindical incautado.

Como en otros ámbitos, quedaron flecos importantes. Uno de ellos me lleva a dedicarle esta firma no sin reconocer el esfuerzo que mi compañero y paisano Fernando Cuartero me ha prestado con su información. En 1922 la Sociedad Obrera de Tarazona de la Mancha registró la propiedad de la casa del pueblo. El caso es digno de una profunda investigación y difusión porque refleja el olvido y la manipulación de un pasado que no termina de pasar. Los miembros de aquella organización decidieron legar su patrimonio al PSOE local y a su sindicato, la UGT, sin embargo, la Delegación Nacional de Sindicatos se apropió con la legalidad franquista, pero ilegítimamente, de su patrimonio y las diferentes gestiones que desde entonces se han emprendido no han permitido todavía que la propiedad retorne a sus verdaderos dueños. Eso sí, por el camino se ha producido una merma de casi la mitad de la parcela a manos de unos vecinos que fueron incrementando sus respectivas fincas a costa de un bien colectivo cuyos dueños no podían reclamar. Muchos en el pueblo no entienden la situación de abandono del solar.

Está por ver cómo se va a resolver el asunto cuando la Junta propone la centralización de todo este patrimonio. Por medio está la aplicación de una memoria histórica que en la práctica todavía tiene asignaturas por superar.

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