"Los arrendatarios con viviendas ocupadas también podrán acceder a las ayudas"

Bilbao

El Gobierno vasco va a dar ayudas por primera vez a propietarios y arrendadores de pisos que se han visto afectados durante la crisis del covid por desahucios a personas y familias vulnerables que no disponen de un alternativa habitacional. Estas surgen con la pandemia y el procedimiento de suspensión de desahucios en determinados supuestos. A finales de diciembre de 2020 se establece la compensación y finalmente a primeros de junio el reconocimiento para su procesamiento: “Son un mecanismo de compensación a las personas físicas y jurídicas que ven su proceso suspendido al tener inquilinos que cumplen unos supuestos especiales de vulnerabilidad y a los que se les tiene que abrir un procedimiento de búsqueda de alternativa habitacional”, explica el Director de Planificación y Procesos operativos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi.

Estas se aplican en toda España, aunque en el caso de Euskadi se financian con fondos propios mientras que en las comunidades autónomas de régimen común se pagan con fondos habilitados por el Estado. El número de beneficiarios es todavía una incógnita: “ahora mismo tenemos 31 expedientes en marcha y aproximadamente van a tener 20 una resolución positiva…Estamos hablando de 40.000 euros de compensación económica, es decir, una media de 4.000 euros por expediente resuelto positivamente”, admite.

A día de hoy la normativa ha prorrogado la suspensión de los desahucios hasta el 28 de febrero y el procedimiento para llevar a cabo esta compensación llega un mes más tarde de su finalización por lo que “estaríamos hablando de que estas ayudas se pueden solicitar hasta marzo del año que viene. Suena a que estas prórrogas se alargarán en el tiempo hasta que se apruebe la nueva ley de Vivienda, con lo cual lo más probable es que esto se vaya prorrogando hasta finales de 2022”.

La novedad es que a estas ayudas no solo podrán optar personas físicas, también personas jurídicas: “En el supuesto de que se cumpla el requisito de que la vivienda haya sido ocupada por personas vulnerables, las personas jurídicas también podrían beneficiarse de la ayuda. Eso sí, cuando se trate de ocupaciones anteriores al 2 de abril de 2020”. Son los propietarios los que deberán solicitarlas y en ellas se incluye la renta perdida más aquellos gastos que puedan demostrarse que están vinculados, como los gastos de comunidad.