La Audiencia de Cantabria confirma la condena de 9 años de inhabilitación a Gastón Gómez

Santander

Segun fuentes del PRC, partido que en conjunto con el PSOE y un edil independiente comenzaron con esta causa, confirman que la Audiencia Provincial desetima el recurso presentado por el exalcalde de Santa María de Cayón a la sentencia que le inhabilitaba durante 9 años.

La fiscalía de Cantabria solicitó nueve años de inhabilitación para el alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez (PP), por supuesta prevaricación continuada en diversas contrataciones.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander en su sentencia consideró probadas las irregularidades en la contratación pública de personas que denunció la oposición entre los años 2007 y 2013, por lo que le condenaba a esta inhabilitación.

Gastón Gómez recurrió a la sentencia ante la Audicencia de Cantabria, que como les cuenta la Cadena SER, ha sido desestimada.

Antecedentes

En 2015 la juez de instrucción de Medio Cudeyo, que ha investigado este asunto, consideró en un auto que existen indicios de presuntas irregularidades en la forma de actuar de Gómez respecto a varias contrataciones.

Esta causa se inició a raíz de que los grupos en la oposición en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón (PRC, PSOE y un edil independiente) denunciaran al alcalde por catorce actuaciones que consideraron que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación y malversación.

Sin embargo, la juez de Medio Cudeyo apreció indicios de posible delito solo en tres de esas catorce actuaciones del alcalde.

Esos tres hechos en los que la juez entendió que había indicios de delito eran las contrataciones de una técnico infantil, la de una persona que estuvo un año supuestamente sin cobertura legal, y otros contratos realizados entre 2007 y 2013 para la brigada de obras municipal, las escuelas deportivas municipales y en algunos proyectos de la Agencia de Desarrollo Local de Santa María de Cayón.

Al examinar el recurso que se presentó, la Audiencia de Cantabria también apreció "indicios racionales suficientes" de la participación de Gómez en los hechos relatados por el Juzgado de Instrucción, que podrían integrar un delito de prevaricación administrativa.

En 2020, el juzgado de lo penal de Santander sentenció a Gómez y le condenó a nueve años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.