Mi amigo Javier Boix, catedrático y abogado

Albacete

El pasado viernes asistí al acto de solemne entrega de la medalla de la Universidad de Valencia a mi amigo y compañero Javier Boix Reig, catedrático de Derecho penal y abogado de larga trayectoria profesional. Hizo entrega la Rectora y asistió la Consejera de Justicia. Entre los asistentes, varias decenas de profesores y los decanos de colegios de abogados de Valencia y Alicante.

Quienes trabajamos en exclusiva en la Universidad nos caracterizamos por dedicar buena parte de nuestro tiempo a la investigación, o sea al estudio aplicado a los temas más diversos. El Ministerio encargado de la Ciencia nos concede financiación para desarrollar y profundizar en los temas propios de nuestras disciplinas. En mi caso, ahora termino un proyecto de 3 años dedicado a la criminalización del extremismo violento.

Pese a que Javier Boix no se dedicaba en exclusiva a la Universidad, ha sido un académico ejemplar, con una amplia lista de discípulos, muchos de ellos catedráticos o catedráticas, y ha dirigido proyectos como el que nos ofreció en 2014 de elaborar un Diccionario del español jurídico bajo los auspicios de la Real Academia y con la supervisión de su actual director, Santiago Muñoz Machado, presente en el acto del viernes. Ese diccionario puede ahora consultarse gratuitamente en la página de la RAE por cualquier ciudadano del mundo.

Pero a esa faceta une otra que es la que me motiva a dedicarle mi firma de hoy. Como abogado ha sido ejemplar; no sólo por la calidad de sus defensas sino también por haber ejercido esa tarea tan noble con personas de todo tipo y color: desde anónimos insolventes hasta relumbrantes figuras del panorama político como el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, o el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ambos involucrados en casos de supuesta corrupción y que tienen mucho que agradecer a la brillante defensa de Javier Boix. Pero también ha defendido a figuras del Partido Socialista, como el ex ministro del Interior, Antoni Asunción.

Su capacidad para distanciarse del color del cliente y centrarse en la defensa técnica me parece absolutamente admirable. De su calidad habla bien claro que hace 30 años cuando comenzaban los asuntos turbios en el PP, consiguió convencer al Tribunal Supremo de que las pruebas halladas contra Rosendo Naseiro eran nulas por no haberse respetado la exigida autorización judicial. Aquella absolución marcó la pauta de una jurisprudencia del Alto Tribunal muy exigente con la calidad de la prueba. La destrucción de las cintas magnetofónicas que contenían las conversaciones en las que quedaban al desnudo las maniobras urbanísticas del entonces tesorero del Partido Popular representa mejor que mil palabras la protección que todos requerimos y merecemos de nuestros derechos fundamentales.

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