El cobro de la plusvalía y la financiación de los ayuntamientos enfrenta a PP y PSOE

Murcia

Los ayuntamientos de toda España sacan la calculadora para ver cómo les afecta la sentencia del Tribunal Constitucional que supondrá la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de lso Terrenos de Naturaleza Urbana, el conocido como "plusvalía municipal". Según el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), esto tendrá un impacto de 49,5 millones de euros en las arcas municipales de los consistorios de la Región de Murcia.

Desde el PP, su portavoz en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, considera que se trata de "un nuevo varapalo para el PSOE" y exige al Gobierno de España "que se ponga manos a la obra". Para ello, le exige la creación de un fondo de compensación por 26.000 millones de euros que ayude a que los ayuntamientos puedan sobrellevar esta situación.

Cree que "los ayuntamientos no pueden soportar más gastos por el incremento del precio de la luz y del gas y por la falta de fondos Covid". De ahí que también reclame la celebración "extraordinaria y urgente" de una Comisión Nacional de Administración Local y una junta extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias, "para consensuar una postura común y dar certidumbre jurídica a los ayuntamientos".

Desde las filas del PSOE en la Región de Murcia, su diputado en la Asamblea Regional Alfonso Martínez Baños recuerda que "somos la única región que no permite a las entidades locales participar de sus tributos para financiarse"

"El Gobierno regional solo financia el 28% de las competencias que tienen delegadas en los ayuntamientos y se quedan con los 230 millones de euros que cada año manda el Gobierno de España para los consistorios", dice Martínez Baños.

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Sostiene el socialista que los ayuntamientos murcianos son "los peor financiados de España por el maltrato sistemático del Gobierno regional" y añade que "además de no transferirles el dinero que manda el Gobierno de España, les obliga a sufragar gastos impropios provocados por la acción del Ejecutivo de López Miras".

Los técnicos de Hacienda piden que no se anule el impuesto

En un informe con datos referentes al año 2021, Gestha cifra en el 3,62 el porcentaje que representa la recaudación de este impuesto en los presupuestos de los ayuntamientos de la Región, que obtienen 49.520.862 euros a través de este tributo anulado por una sentencia del Tribunal Constitucional por entender contrario a la Carta Magna el método de cálculo de este impuesto.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se opone a la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, por el agujero de 2.500 millones de euros que provocaría en las arcas municipales, después de que el cálculo del tributo haya sido declarado inconstitucional y se haya paralizado de facto su aplicación, y propone sustituirlo por un nuevo tributo.

En concreto, los técnicos de Hacienda proponen un nuevo impuesto municipal de plusvalías de los terrenos -urbano y rústico-, que se determine por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del suelo, incluidas las plusvalías generadas en menos de un año, que pueden ser plusvalías especulativas.

Gestha explica que sería un impuesto directo, de carácter real, objetivo, no periódico, de titularidad municipal y de carácter potestativo, cuyo desarrollo reglamentario seguirán siendo las ordenanzas fiscales que aprueben los ayuntamientos, tal como está configurado en la actualidad.