Las consecuencias que deja en La Rioja la anulación de las plusvalías

Logroño

Una vez que hemos conocido la decisión del Tribunal Constitucional de anular las plusvalías municipales, nos centramos en las claves de este impuesto y las consecuencias de la sentencia en La Rioja.

¿Qué es el impuesto de plusvalía?

Es un impuesto que se paga cuando un contribuyente vende, dona o hereda, por ejemplo una vivienda. Lo que pagamos es la revalorización del terreno sobre el que está construida la vivienda desde el momento de la compra hasta su traspaso. Nos lo ha explicado en la SER Sonia López, abogada de Gil Gibernau.

"Este impuesto es el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Su hecho imponible lo que venía a determinar es que todas aquellas situaciones que ponían de manifiesto incrementos de valor tenían que someterse a tributación. Ahí fue donde empezó el debate, porque había situaciones en las que la realidad era que con la transmisión no se ponía de manifiesto un incremento o una ganancia patrimonial", explica López.

Ahí fue cuando los tribunales se empezaron a plantear la legalidad de ciertas situaciones. Precisamente, este despacho fue el primero en dar el paso y que obtuvo la primera sentencia favorable en La Rioja.

¿Por qué el Tribunal Constitucional considera injusto este impuesto?

La sentencia del Constitucional viene a decir que el método de cálculo que usaban los ayuntamientos era un método objetivo. Por tanto, independientemente de si había habido una revalorización del inmueble por el trascurso del tiempo o no, siempre su transmisión suponía una ganancia.

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"Como ese método de cálculo es nulo, a partir de ahora estamos en una situación complicada porque los ayuntamientos no van a poder girar plusvalías porque no van a poder aplicar ese método de cálculo. Estamos a la espera de un impuesto similar, de la misma naturaleza o que Hacienda tome las medidas para que los ayuntamientos puedan seguir recaudando", añade esta abogada.

Por tanto, ahora lo que cabe es que o bien se regule el impuesto de una manera distinta o bien crear otro impuesto de la misma naturaleza pero que el cálculo sea más lícito. "Esta sentencia es un toque de atención al legislador o al gobierno porque ha tenido tiempo suficiente y no ha hecho nada hasta ahora", asegura Sonia López, abogada de Gil Gibernau.

Más de 50 millones de euros en plusvalías en La Rioja

Las Federación de Empresas de La Rioja ha valorado la sentencia del constitucional que anula por completo el impuesto de plusvalía municipal. Un impuesto que consideran injusto. La patronal estima que las plusvalías cobradas irregularmente por los ayuntamientos riojanos podrían alcanzar los 50 o 60 millones de euros.

Mientras tanto, la Federación Riojana de Municipios reclama medidas compensatorias urgentes en favor de los municipios, por el problema que esto supone en las haciendas locales de ayuntamientos y su efecto en los presupuestos. Daniel Osés, presidente de la federación dice que "es necesario abordar los mecanismos de financiación de los ayuntamientos porque la eliminación de la plusvalía y la falta de alternativas para compensarlo, provoca que muchos consistorios tengan en estos momentos un importante problema".

Las plusvalías suponen 9 millones de euros en Logroño

Las ordenanzas fiscales del ayuntamiento de Logroño seguirán su trámite habitual a la espera de conocer el contenido completo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías. "Hay dos vías abiertas, la anulación total del impuesto o bien la modificación del método de valoración de la plusvalía", ha explicado Esmeralda Campos, concejala de Economía y Hacienda del ayuntamiento de Logroño.

El año pasado había presupuestados 9 millones de euros de este impuesto. Es uno de los ingresos directos más importantes de recaudación del ayuntamiento, algo que va a afectar de manera directa a los presupuestos, que "habrá que revisarlos". El ayuntamiento de Logroño está a la espera, por tanto, de que se pronuncie el Ministerio de Hacienda, que se encuentra buscando una solución urgente para dar seguridad jurídica a los consistorios.