CC.OO: "Están montando una fábrica de atención psiquiátrica y vamos a luchar por que Fontcalent se quede"

Alicante

Comisiones Obreras advierte de que la nueva contrucción el macro psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas, en Valencia, solo supondrá una excusa para cerrar el de Fontcalent y degradar aún más la salud mental en las instituciones penitenciarias.

Y recuerdan un dato: la prevalencia de padecer trastorno mental en la población reclusa es casi del 46%.

En una rueda de prensa en su sede de Alicante, responsables del sindicato en Instituciones Penitenciarias han mostrado su firme rechazo contra el abandono y la degradación de Fontcalent y su tajante oposición a la creación de este "macrocentro", dicen, en fase de construcción y que no reúne ninguna condición para aceptar reclusos con enfermedad mental.

Recuerdan que el psiquiátrico de Fontcalent fue además pionero en salidas terapéuticas y que esa labor no se podría continuar en Siete Aguas.

José María López, responsable de negociación colectiva, reclama invertir en recursos humanos y "no en ladrillo", si se quiere lograr de verdad salud mental y reinserción. Por todo ello lucharán por que el psiquiátrico se quede en Alicante.

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Sospechan que con el nuevo macro psiquiátrico se seguirá la tónica habitual en estos casos: oferta de traslados que los más veteranos rechazarán y apertura del nuevo, a base de personal en prácticas que rotará cada año sin poderse consolidar ni transmitir conocimientos, señala Silvia Fernández, secretaria general de Comisiones en Instituciones Penitenciarias.

La RPT (Relación de Puestos de Trabajo) establece un personal de 300 empleados y tiene 60 vacantes en el psiquiátrico, donde la media de la plantilla supera los 55 años.

Ahora mismo en Fontcalent hay 3 psiquiatras aunque la RPT fija 5 en plantilla y 2 de apoyo y ha habido épocas en que han contado con "uno o ninguno", explica, y los psicólogos que hay no son clínicos.

"Respeto a la administración" en el caso del recluso golpeado por funcionarios en la cárcel de Villena

Sobre otra cuestión, la agresión por parte de tres funcionarios a un recluso con enfermedad mental grabada en video en la cárcel de Villena el pasado 16 de agosto, piden a la administración "respeto al Estado de Derecho".

Recuerda López que los hechos están en manos de los jueces y que este caso es muy clarificador, por la "aberración", dice, de que el preso apaleado estuviera recluido en un módulo de aislamiento.