El PSOE pide 38 años de cárcel para Granados por la pieza de las fiestas patronales de la trama Púnica

Valdemoro

El PSOE, acusación en el caso Púnica, ha pedido a la Audiencia Nacional una condena de 38 años de cárcel para el principal imputado, el exconsejero Francisco Granados; y otra de 13 años y medio para el exsenador del PP David Erguido por el presunto fraude en la adjudicación de contratos en fiestas patronales de cinco municipios madrileños.,La representación del PSOE y de Abogados de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha presentado recientemente su escrito de acusación

La representación del PSOE y de Abogados de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha presentado recientemente su escrito de acusación en la pieza 7 del caso, en la que el juez propuso juzgar a Granados y a Erguido -este último por su etapa como teniente de alcalde de Algete-, así como a varios exalcaldes de localidades madrileñas.

Entre ellos figuran los sucesores de Granados en la alcaldía de Valdemoro -José Miguel Moreno (para el que piden 13 años y medio) y José Carlos Boza (27 años)- y los exalcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz; Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; y Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada.

Para ellos y otros cargos municipales del PP esta acusación pide una pena de prisión de trece años y medio por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración y complicidad en el delito de falsedad en documentos mercantiles.

El magistrado que ha investigado el caso cree que "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros".

Los servicios se adjudicaban a la empresa Waiter Music, que contrató de forma ininterrumpida con los ayuntamientos hasta 2011 o 2013, dependiendo de la localidad, y siempre con consistorios gobernados por el PP, en muchos casos, gracias a que los expedientes "estaban predeterminados para que fuesen adjudicados".

Así lo afirmaba el juez en el auto en el que proponía juzgar a Granados y al resto, recurrido también por el PSOE al considerar que faltan diligencias por practivar, y donde añadía que dicha empresa "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos" que no eran facturados.

La acusación popular va desgranando en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, toda la operativa desplegada presuntamente en cada municipio y menciona regalos de José Luis Huerta, administrador de Waiter Music ya fallecido, a políticos del PP y también al partido, como gastos de actos electorales o la celebración de alguna fiesta de la formación regional. Según la acusación, Huerta entendía que debía realizar esos regalos "si quería seguir siendo adjudicatario de contratos públicos".

Las contrataciones fueron posibles, en opinión de la acusación, por la amistad que unía a éste con Granados, a quien le atribuye una condición de "conseguidor" y sin el cual, dice, difícilmente el empresario podría haber dado "el gran salto adelante que suponía contratar con la Comunidad de Madrid", más allá de ayuntamientos.