91 familias de Écija claman por sus viviendas a las puertas de San Telmo
Temen que el fondo de inversiones que ha adquirido sus pisos les cobren ahora un alquiler fuera de su alcance
Sevilla
Se complica la situación para 91 familias que residen en viviendas sociales de Écija pertenecientes a la extinta empresa municipal Sedesa, que entró en plan de liquidación y bajo proceso concursal. Una entidad inmobiliaria, un fondo de inversiones, presentó una oferta más alta que la propuesta del Ayuntamiento astigitano en la subasta para hacerse con los activos de esta promoción. En concreto, ofreció algo más de 1,4 millones de euros, con lo que superaría la cantidad que puso encima de la mesa el Consistorio de algo más de 25.000 euros. Tras aceptarse la compra por parte de esta entidad, pueden cambiar las condiciones del alquiler social para estas familias, que viven en situación de vulnerabilidad social.
Esta situación es la que ha llevado a estas 91 familias a concentrarse este martes a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, temerosas de que el alquiler que llevan pagando desde hace más de veinte años, unos 80 euros mensuales, ascienda a partir de ahora a un precio habitual en el actual mercado inmobiliario.
De toda esta situación hemos hablado a las puertas de San Telmo con David García Ostos, alcalde de Écija, y Valle Miranda, una de las vecinas afectadas... Aquí puedes escucharlos...
91 familias de Écija claman por sus viviendas a las puertas de San Telmo
09:24
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La empresa Inversiones Técnicas Aldaja presentó una oferta por 1,4 millones por las 91 viviendas situadas en la calle Estatuto de Autonomía de Écija, que pertenecían a la desaparecida sociedad municipal Sedesa. Esta puja superó la propuesta aprobada por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo de más de 25.000 euros para adquirir esta promoción de viviendas públicas y sociales. El Consistorio había aprobado esta operación para lograr que se mantuvieran las condiciones sociales para los ocupantes de estos inmuebles.
En esta promoción de casas residen familias con menos ingresos, en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Pagan un alquiler de unos 80 euros al mes. Si la administración concursal acepta la oferta de esta entidad y la compra de estas casas, los vecinos temen que cambien las condiciones del arrendamiento.