El rural se organiza contra las grandes eléctricas y sus proyectos eólicos

A Coruña

Más de veinte asociaciones de afectados por parques eólicos se han unido en un frente común que ha comenzado con una marcha por las Fragas do Eume este domingo con la participación de unas cuatrocientas personas. Ahí ha estado la plataforma "Aire limpo nas Mariñas-Mandeo" entre otras entidades vecinales. Piden la paralización de los más de doscientos proyectos de parques eólicos en marcha en Galicia, buena parte en la provincia de A Coruña, que van a transformar el paisaje y la forma de vida con un impacto irreversible en la ecología y la forma de vida. Señalan que las mismas prácticas que llevan al aumento del precio de la luz están detrás del desarrollo de este negocio.

Se oponen al actual modelo energético que, consideran, quieren impulsar la Xunta y el gobierno central a favor, a su juicio, de los intereses de las compañías eléctricas. Denuncian falta total de información y oscurantismo de los poderes públicos con proyectos que suponen abrir nuevos caminos, tendido de nuevas líneas de energía eléctrica, cambios de cursos de agua y movimientos de miles de tonaladas de tierra con molinos de más de doscientos metros junto a áreas habitadas.

Denuncian que ninguno de los parques eólicos que se ubicaron en Galicia en las últimas décadas ha supuesto una mejora para su territorio más cercano y señalan que son las grandes empresas de la energía las que se benefician de la falta de planificación y regulación real. Van a utilizar una banderola unificada con el lema "Aldeas Libres de Macroeólicos" y la creación del dominio "aldeaslibresdemacroeolicos.com".

Señalan que gran parte de la actividad se explica por la necesidad de presentar proyectos por parte de las grandes empresas para captar fondos europeos Next Generation lo que va a provocar que se financie una actuación con fondos públicos que, a su juicio, va a esquilmar el territorio. Critican que se fraccionen las potencias de los parques o se unifiquen solamente en función de buscar por parte de cada empresa la administración que controlará la implantación, sin pensar en los beneficios reales para las zonas de implantación. Afirman que unos ayuntamientos carecen de información y otros no la proporcionan.