"La Fiscalía está haciendo todo lo que está en su mano para exigir responsabilidades por el Mar Menor"

Murcia

La Fiscalía tiene abiertas en este momento cinco diligencias informativas para investigar distintas denuncias y exigir las responsabilidades oportunas, si las hubiere tanto al Ayuntamiento de Cartagena, como al Gobierno Regional, al Ministerio de Transición Ecológica.

Esas investigaciones van desde "la supuesta falta de control por parte del consistorio cartagenero de los vertidos de aguas residuales al Mar Menor" desde la urbanización Bahía Bella, pasando por las denuncias de Ecologistas en Acción y de ANSE contra el gobierno regional por el intento de apertura de la gola de Marchamalo y la obstrucción al control de regadíos o la denuncia del gobierno regional contra el MITECO.

También hay una investigación abierta sobre el último episodio de mortandad de peces, en este caso se está a la espera de diferentes informes entre ellos las necropsias que se están practicando.

Además hay otros cinco procedimientos en los juzgados, uno de ellos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Se trata de la denuncia que presentó el pasado mes de mayo la Fiscalía contra la consejería de Agricultura, Agua, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno regional por no sancionar a 10 empresas a las que la propia fiscalía señala como responsables de contaminar la laguna.

Jose Luís Díaz Manzanera, Fiscal Superior de la Región, en declaraciones a Radio Murcia explica que solicitó a la consejería "que se aplicase la Ley de Responsabilidad Ambiental del año 2007 y que se exigiese la restitución del ecosistema al estado original en todo aquello que estuviese relacionado con la supuesta o posible actividad contaminante que hubiesen desempeñado esas empresas"

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Los cuatro procedimientos restantes que están en los juzgados son penales, el más importante el conocido como "Caso Topillo" abierto contra el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, además de un presidente y comisario de aguas de la CHS, y 41 regantes. El juez ha abierto recientemente una pieza separada contra otros 43 regantes.

Los juzgados investigan también el dragado sin autorización de los canales de Veneciola, los vertidos en la zona de Mar de Cristal y el presunto delito de prevaricación en el que podría haber incurrido la exconsejera de Agricultura, Adelá Martínez Cachá, por las obras de canalización de los vertidos de la rambla del Albujón hasta unas instalaciones de la Comunidad de Regantes Arco Sur. Todos estos asuntos parten de denuncias de la propia Fiscalía.

Asegura el Fiscal Superior que el Ministerio Publico está usando, desde hace mucho tiempo, todas sus armas legales para conseguir que los responsables de la situación del Mar Menor paguen por lo que han hecho.

"Estamos ejerciendo nuestra obligación constitucional de ser los promotores de la acción de la Justicia. Ahora mismo la Fiscalía de Murcia está haciendo todo lo que está en su mano, dentro de los medios legales, para poder exigir responsabilidades ambientales o administrativas por el problema lamentable que está sufriendo el Mar Menor", ha declarado a Radio Murcia Díaz Manzanera.