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El atropello sucedido hace un año en Ciempozuelos fue un asesinato

La Guardia Civil ha esclarecido el caso y ha detenido a los dos presuntos autores del atropello que pretendían cobrar un seguro de vida

Uno de los detenidos tras ser arrestado en su negocio en un polígono de Valdemoro / Guardia Civil

Uno de los detenidos tras ser arrestado en su negocio en un polígono de Valdemoro

Ciempozuelos

Ya en la primera inspección ocular de un supuesto atropello accidental hace un año en el Camino de la Cuesta Alta de Ciempozuelos, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico sospecharon que se trataba de un atropello simulado para entorpecer la investigación de un asesinato. Tras hablar con el entorno de la víctima, un varón de 35 años, las pesquisas se centraron en dos personas que mantenían con él una supuesta relación de amistad.

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Una portavoz de Guardia Civil repasa la operación de resolución de un asesinato en Ciempozuelos

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Según la Guardia Civil detrás de esta simulación se encontraba un móvil económico, ya que la víctima tenía un seguro de vida cuyo beneficiario era uno de los ahora detenidos. Una de las detenciones se ha producido en Valdemoro y la otra en la misma cola de embarque del aeropuerto Adolfo Suárez, cuando uno de los sospechosos iba a salir del país.

Los dos detenidos son residentes en Ciempozuelos y tienen “numerosos antecedentes” por tenencia ilícita de armas, estafa, robo y tráfico de drogas. La operación continúa abierta para determinar el grado de participación de otras dos personas como encubridoras de los hechos.

Por su parte fuentes judiciales han informado de que el juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Valdemoro (Madrid) acordó este martes la libertad provisional de las dos personas puestas a su disposición por parte de la Guardia Civil. Por tanto, dichas fuentes matizan que si bien los dos detenidos están investigados por la supuesta comisión de un delito de homicidio, esta calificación penal es inicial y podría modificarse en cualquier momento del procedimiento, según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.

Como medidas cautelares de control judicial, el magistrado ha impuesto a ambos la retirada del pasaporte y la obligación de acudir presencialmente al órgano judicial cada siete días para firmar. Durante su comparecencia en el juzgado los dos investigados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. El magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones.

 

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