Un 19,9 % de los segovianos de la provincia no pueden sacar dinero en efectivo en un radio de 5 kilómetros
Un 19,9 % de los segovianos de la provincia no tienen servicios bancarios en un radio de 5 kilómetros / Emilio Naranjo (EFE)
Segovia
El informe ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’, elaborado por el Banco de España, reconoce que el proceso de fusiones en la banca “ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable” en las zonas rurales del país, algo que afecta especialmente a Castilla y León.
Según este informe, la mitad de las sucursales bancarias en España han desaparecido desde la crisis de 2008 y con ello miles de cajeros y puestos de trabajo. Castilla y León cuenta con la cobertura menos amplia de todas las de España. Un 19,9% de la población segoviana no tiene acceso a servicios bancarios (punto tradicional de acceso a efectivo) en un radio de 5 kilómetros. Otras provincias como Zamora (27,8% de la población sin acceso), Ávila (21%) o Palencia (18,2%) también sufren esta problemática en gran medida.
Desde el Banco de España señalan densidad de población y otros factores que condicionan la accesibilidad como la orografía del territorio, como factores predisponentes a dicha situación. Izquierda Unida considera que el punto de vista económico no puede ser el único desde el que se estructuren los servicios en Castilla y León porque en ese caso las zonas rurales saldrán siempre perdiendo. Si el sector privado no es capaz de articular ese servicio en los pueblos, el sector público tendría que ofrecerlo.
IU Segovia denuncia un proceso precipitado y acelerado por el cierre de las cajas de ahorro tras una gestión nefasta relacionada con innumerables casos de corrupción, y por las sucesivas fusiones bancarias que buscan concentrar la propiedad y maximizar beneficios privados a costa de deteriorar el servicio esencial. A ello se añade, además, los numerosos despidos de personal producto del cierre de oficinas y de informatización del proceso de negocio de la banca.
Desde el Ministerio de Consumo se solicitó a los bancos sus planes de reestructuración para proteger a los usuarios vulnerables. A este proceso debe unirse una política que garantice los derechos de las personas que residen en pueblos, dotándose de competencias sancionadoras y voluntad política para actuar desde lo público puesto que la banca privada ha decidido abandonar los pueblos de Castilla y León a su propia suerte.
Izquierda Unida defiende la creación de una banca pública cuyo objetivo sea apostar por la economía real, sostenible y humana creadora de empleo e impulsora de un nuevo modelo productivo para la comunidad autónoma. Es necesario que haya una banca que apueste por la vertebración territorial de toda la Comunidad y que no deje abandonados a los miles de pueblos sin un adecuado servicio bancario.
