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Cantabria tiene asignados ya casi 335 millones de euros de fondos europeos

La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y la Consejería de Empleo y Políticas Sociales son las áreas de gestión con más cantidades consolidadas

Rueda de prensa de Montero tras la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación / Cadena SER

Rueda de prensa de Montero tras la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación

Cantabria

Cantabria tiene asignados ya casi 335 millones de euros de los fondos europeos, según destaca el Gobierno regional tras la celebración de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La reunión, celebrada de forma telemática con la asistencia de la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha estado presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha anunciado que las comunidades autónomas ya tienen asignados 7.230 millones de los 10.500 millones previstos para este año de los fondos europeos.

Montero ha anunciado que, a esos 7.230 millones, se sumarán en los próximos días otros 200 millones y "se está en camino de cumplir" los 10.500 comprometidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha explicado que los criterios de distribución se adoptan en las distintas sectoriales y es cada ministerio el que acuerda con las autonomías cómo se reparte, en qué cuantía y durante qué periodo.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha destacado que las medidas diseñadas e implementadas por la comunidad autónoma para agilizar la gestión y el aterrizaje de la financiación procedente del instrumento europeo NEXT GENERATION EU facilitarán el funcionamiento del nuevo sistema de gestión del Plan España Puede.

Y ha explicado que, a pesar de que todavía no se hayan agotado todas las convocatorias de manifestaciones de interés planteadas por los distintos ministerios, la foto fija del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) asigna a Cantabria casi 240 millones de euros.

A día de hoy, según detalla el Ejecutivo cántabro, la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, con 84,3 millones, y la de Empleo y Políticas Sociales, con 72,7, son las áreas de gestión con más cantidades consolidadas.

Esta cantidad se suma a los 96 millones que llegarán a la región procedentes de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT EU) para conformar un montante de 334.972.202,79 euros, según detalla el Gobierno de Cantabria.

"Es muy importante que no exista solapamiento entre las actuaciones a desarrollar a la hora de aterrizar los fondos", ha defendido la consejera cántabra, quien han asegurado que las medidas puestas en marcha en la región "son complementarias a las decisiones del Estado para potenciar la construcción de ese proyecto de país que definen los fondos europeos".

Además, según ha explicado el Ejecutivo regional, la Comisión Europea ha confirmado la reprogramación planteada por Cantabria para el programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT EU).

Gracias a esta iniciativa, una de las más voluminosas que contempla el instrumento NEXT GENERATION EU, la comunidad cántabra recibirá 96 millones de euros, de los cuales el 83,3 % se destinarán a proyectos relacionados con la Sanidad y la Educación, ejes prioritarios de este programa junto al Empleo, de forma que se podrá ejecutar todas las propuestas planteadas inicialmente.

"Nuestra propuesta de actuación está en plena sintonía con las pautas marcadas por las recomendaciones del semestre europeo", ha defendido Sánchez, quien ha asegurado que esos planteamientos "contribuirán a generar una Cantabria más digital, más verde, más igualitaria y más cohesionada social y territorialmente".

La ministra de Hacienda ha precisado que el mecanismo de los "criterios de distribución", que ha admitido que se aleja del que se está acostumbrado con los fondos de cohesión, es distinto al plan de recuperación y "confunde" a la hora de plantear la cogobernanza o cómo y de qué manera participan las comunidades autónomas.

Montero ha defendido que la conferencia sectorial es "el núcleo" del reparto y donde personas competentes en la materia determinan si para el criterio de reparto de la biodiversidad hay que hacerlo en términos de kilómetros de costa, de monte o de número de especies declaradas.

Criterios, ha explicado, que nada tienen que ver, por ejemplo, cuando el reparto de fondos que se hace sobre temas de vivienda, "donde el número de habitantes tiene mayor peso".

La ministra ha detallado hoy a las comunidades el reparto de fondos ya asignado en las diferentes sectoriales.

Ha informado de que desde el Ministerio de Transporte se han repartido ya 1.631 millones en la conferencia de vivienda, en la de Educación otros 1.410 millones para la Formación Profesional y la reducción de la brecha digital y en Transición Ecológica, 1.086 millones para normativa de residuos y tendido eléctrico, entre otras.

En políticas de cuidados se han repartido 731 millones en la sectorial de igualdad e inclusión social, 688 millones en empleo y en materia sanitaria se han distribuido otros 399 para equipos de alta tecnología.

Y ha añadido que las conferencias sectoriales de justicia, igualdad y cultura han asignado 90 millones en cada caso.

En rueda de prensa, la ministra ha instado a las comunidades a "remar en la misma dirección" porque el plan de recuperación es un "proyecto de país", ha insistido en que la reunión ha sido "amigable y planteada desde el respeto" y ha criticado a quienes tienen interés en trasladar "el ruido y la bronca".

Y sobre este criterio de reparto, Montero ha señalado que esta arquitectura del plan se debe a que los criterios de la pesca "nada tiene que ver con la agenda urbana y los de educación con la biodiversidad" y el Gobierno en su totalidad vela por la cohesión territorial y que haya una "asignación razonable".

"Es la arquitectura que ha planteado Bruselas, es un proyecto de país y un país es mucho más que la suma de 17 comunidades", ha dicho.

COMUNIDADES CRÍTICAS

Sin embargo, hay comunidades autónomas que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de estar simulando que dialoga con las autonomías, como el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty (PP), que ha sostenido que, en realidad, ese diálogo "no existe".

A juicio de Fernández-Lasquetty, en la sectorial de este lunes el Ejecutivo no ha dado información ni ha consultado nada a las comunidades.

También ha denunciado que, "una vez más", el Gobierno pasa "una parte pequeña de los fondos" a las comunidades, pero "atomizada y pulverizada" en centenares de "pequeñas actuaciones", en todo caso "teledirigidas" desde el Gobierno, por lo que las comunidades no tienen "margen" para decidir sobre ellas.

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avisado de que no aceptará "ningún tipo de discriminación" y ha avanzado que espera que la despoblación, "con hechos", se sitúe entre los pilares esenciales de esa distribución de los fondos.

El Gobierno canario, por su parte, ha solicitado que se prorrogue hasta 2026, tres años más, la aplicación de los fondos europeos para la recuperación pospandémica, ya que las comunidades autónomas desconocen aún el importe que se les asignará.

El Ejecutivo de Baleares ha defendido que la distribución de los nuevos fondos europeos del Plan de Recuperación tenga en cuenta las economías más afectadas y con mayores necesidades de mejora, transformación y diversificación de su modelo, como es el caso balear.

POSIBLES PENALIZACIONES

Respecto a la posible penalización a las comunidades que no cumplan con la ejecución del dinero asignado, Montero ha admitido que tiene que haber un mecanismo para que si una comunidad no puede cumplir, entonces el resto se tendrá que hacer cargo de esos recursos para que se puedan impulsar las iniciativas.

"No se trata de castigar a nadie, se trata de que el resultado final sea el comprometido con Bruselas", ha señalado.

"Bruselas no entra en si una comunidad no ha cumplido, a quien pide explicaciones es al Gobierno de España", ha insistido la ministra.

Y ha añadido que Bruselas hará "el seguimiento, la trazabilidad, las pistas de auditoría y podrá pedir información en cada momento".

 
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