Una aseguradora obligada a pagar por el cierre de un restaurante en pandemia

Sevilla

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada ha condenado a una aseguradora a abonar 80.000 euros a un restaurante que tuvo que cerrar durante la etapa más dura del confinamiento por entender que el cese de la actividad de este negocio impuesto por el Gobierno en el marco de las medidas para frenar la expansión del coronavirus está incluido dentro de la cobertura de la póliza del establecimiento y por tanto es objeto de indemnización.

Este restaurante se vio obligado al cierre en marzo de 2020 y durante 80 días, en la etapa más dura de la pandemia en la que el Gobierno decretó el cierre de toda actividad no esencial para luchar contra la covid-19. El abogado que ha llevado el caso, Antonio Estella, del despacho MLegal.

En Hoy por Hoy Sevilla se ha puesto en contacto con el abogado Estella y con Antonio Luque, presidente de los hosteleros sevillanos y vicepresidente de los andaluces. Ambos están de acuerdo en aconsejar a los profesionales "mirar la letra pequeña de los seguros, porque si se contempla la cláusulas de pérdida de beneficios, se paga más". Dice Estella que "las aseguradoras ofrecen y cobran este tipo de seguro y la prima sube bastante". Lo que ocurre es que "cuando la ofrecían, no pensaron nunca en la posibilidad de un cierre obligado por pandemia. Ahora han remodelado este tipo de seguro y ya no incluyen esta circunstancia". Luque, por su parte, espera "que esta sentencia acelere el proceso de las reclamaciones, que van a ser muchas porque lo hemos pasado muy mal y un dinero vendría muy bien". Cree que las aseguradoras han ganado mucho dinero este año donde no ha habido actividad y ahora "tiene que hacer frente a este tipo de cosas".

Antonio Estella calcula que "las indemnizaciones que tendrían que pagar las aseguradoras serán millonarias en su conjunto". Escuche la entrevista completa:

La clave del asunto era determinar la existencia o no de cobertura en la póliza suscrita por el restaurante, en función tanto de la cobertura contratada como de la calificación de la cláusula y, en general, si la situación generada tras el Real Decreto del 14 de marzo que derivó en el cierre de este restaurante granadino era motivo de indemnización.

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En la sentencia se expone que la redacción de la cláusula objeto de litigio hace constar que se incluye en la definición del riesgo la pérdida de beneficios como consecuencia de cualquier siniestro cuyos daños materiales se encuentren amparados por la póliza e indica que cualquier tipo de causa de paralización de la actividad se encuentra incluida en el ámbito del contrato.

Según agrega de hecho la resolución, el dueño del establecimiento solicitó expresamente cuando le presentaron la primera propuesta de la póliza que incluyera la garantía de cese de actividad, que fue suscrita a su petición, siendo una de las garantías cuya prima es más elevada.

Junto a ello, considera el juez que "tampoco puede considerarse que la situación de pandemia que dio lugar a la adopción de las medidas contenidas en el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma --hoy declarado inconstitucional-- pueda considerarse incluida en la fuerza mayor que define el Código Civil como aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables (...) por cuanto la posibilidad de sufrir pandemias periódicamente es un hecho reconocido por el propio sector asegurador".

Así las cosas, el juzgado ha estimando totalmente la demanda interpuesta por este restaurante frente a la aseguradora, que ha sido condenada a abonarle 80.000 euros más intereses, según consta en la resolución, contra la que cabe recurso.