La jueza del caso Puertos apunta a Gual en el amaño del concurso de amarres de Maó

Palma

La jueza que instruye el caso Puertos apunta a "indicios sólidos" del amaño por parte del expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares del concurso de adjudicación de 150 amarres en el puerto de Maó. La jueza Martina Mora ha levantado el secreto de sumario de parte de la investigación sobre presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria de las Islas que se investiga desde hace dos años. La jueza sostiene que existen indicios sólidos suficientes para entender que la decisión de adjudicar el concurso de amarres en Menorca a favor de la sociedad limitada Marina ASMEN -formada por cinco empresas náuticas de Maó- no fue el resultado de una "legal y objetiva" valoración de las propuestas presentadas.

La magistrada señala que fue una decisión arbitraria del entonces presidente de la entidad, Joan Gual de Torrella, y del entonces director de la misma, Juan Carlos Plaza, como consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros de ASMEN para que el concurso se adjudicara a empresas de la isla.

Una adjudicación que, según señala la jueza en el auto, se produjo tras negociar durante meses con dicha asociación los pliegos del concurso y transmitirles con carácter previo a la aprobación la numerosa información relevante para la licitación "que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores y que después determinó la adjudicación a favor". Todo ello, dice el auto, se produjo "bien a cambio de cualquier favor, prestación o similar, bien por un interés político o por ambas cosas". Y es que la empresa adjudicataria se constituyó exclusivamente para concurrir a este concurso aglutinando a cinco de las principales empresas de náutica y taller del puerto de Maó.

La juez Martina Mora desvela en el auto el crucial papel que ha jugado la Abogada del Estado, Dolores Ripoll, en el amaño. Ripoll, que llevó la acusación de Hacienda en el caso Urdangarín, elaboró informes jurídicos verbales favorables a la adjudicación "sabiendo que con ello se estaba apartando del Derecho y de la Ley". Y lo hizo "a pesar de no poder desconocer que la valoración realizada por la comisión técnica se basaba en criterios no anunciados en los pliegos" Dice la juez su informe fue "decisivo" y apunta a que se debió a que su marido realizó "trabajos remunerados" desde 2017 para la empresa beneficiada por la adjudicación.