La hija de una mujer fallecida por COVID: "El tratamiento de mi madre en la residencia fue paracetamol"

Madrid

Van con camisetas en las que se puede leer "Ley de residencias ya" o con carteles y mascarillas donde se puede leer el nombre de la organización bajo la que se han agrupado familiares de personas mayores que están en residencias. Son la Marea de Residencias. 

María Jesús Valero, una de sus portavoces, dice que hay unas 350 querellas puestas en toda la Comunidad de Madrid por lo sucedido en la primera ola de la pandemia. Este martes 15 de junio seis familiares han sido citados en el juzgado número 50 de Plaza de Castilla para explicar los motivos por los que se querellaron contra la directora de la residencia Amavir Ciudad Lineal y contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sus consejeros de Sanidad y Justicia. 

Le han contado al juez cómo vivieron aquellos días y todos han coincidido en que no se les dejó llevar a sus familiares a un hospital y en que apenas recibieron información. "En el momento en el que me enteré de que me tía estaba enferma solicité llevarla al hospital y me lo negaron. Dije que yo me protegía, que quería estar allí y no me dejaron, solo me amenazaron diciendo que estábamos en un Estado de excepción y que si iba por la residencia sería denunciado. Falleció el 5 de abril y el día anterior hice más de 20 llamadas de teléfono y en ningún momento me lo cogieron", explica Javier Tarancón que perdió a su familiar el 5 de abril.

La primera en salir tras declarar ante el juez ha sido Cristina Chorot que espera que la justicia evite que vuelva a ocurrir porque "murieron como perros, abandonados y sin ver a nadie de su familia. Desde que nos comunicaron que mi madre tenía falta de oxígeno hasta que se murió el día 3 de abril, durante 48 horas llamamos para pedir el traslado al hospital o para ir nosotros a buscarla y nos dijeron que no porque el protocolo de la Comunidad de Madrid prohibía que se trasladara a los residentes a los hospitales".

Carmen Alma le ha contado al juez que cuando ella dejó a su madre en la residencia estaba viva y que a ella se la entregaron "en una caja y con un post-it que ponía Covid-19" y le ha narrado las veces que suplicó al médico que la derivara a un hospital obteniendo una respuesta negativa porque no se les permitía. Una vez contado su relato ante el magistrado Carmen cuenta que se ha sentido "aliviada pero a la vez muy trastornada porque el juez me quería hacer entender que esto ha sido una pandemia y que nadie tenía la culpa. Pero sí, yo creo que alguien tiene la culpa porque había hospitales privados y respiradores que nunca llegaron y tampoco se medicalizaron las residencias. El tratamiento de mi madre fue paracetamol".

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Para el abogado de estas familias, José Luis González del Moral, las familias "han dejado bastante claro que es lo que ocurrió, sobre todo, con la falta de asistencia médica en las residencias, con la falta de traslados a los hospitales y con la ausencia de información por parte de la residencia respecto a la situación de los mayores". Esperan conseguir que declare también el geriatra de enlace con este centro, del hospital Ramón y Cajal, y llegar también a quien firmó los protocolos de exclusión, el ex director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur.

La portavoz de Marea de Residencias, María Jesús Valero, espera además que en la Asamblea de Madrid vuelva ponerse en marcha la comisión de investigación sobre lo sucedido y que los diputados del Partido Popular "voten en conciencia" si llega al pleno la decisión última de retomarla o no.