Todos los acusados de amañar contratos en el caso Blasco, menos el exconseller, asumen la culpa
El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos
Rafael Blasco, Agustina Sanjuán, Javier Murcia y Augusto César Tauroni / ROBER SOLSONA (EUROPA PRESS)
Valencia
El juicio contra el exconseller de Solidaridad y exdiputado (PP) en Les Corts, Rafael Blasco, por un amaño en contratos de servicios informáticos dentro del conocido como caso Blasco, se ha retomado este lunes en la Audiencia de València, en una jornada que ha comenzado con el reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados menos él.
Así, el exjefe de servicio de informática, Javier Murcia, ha asumido los hechos a cambio de una pena de un año de prisión y al abandonar la sala ha agradecido a los servicios de la Ciudad de la Justicia que salvaran su vida cuando, el pasado mes de marzo, se desplomó al iniciarse este mismo juicio. En aquel momento la vista hubo de ser suspendida y Murcia trasladado al hospital, afectado de un infarto.
A la conformidad de Murcia se han sumado después las del empresario Augusto César Tauroni; y de la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación, Agustina Sanjuán, los otros dos acusados, además de Blasco.
Los letrados de ambos han anunciado un preacuerdo, aceptado por el fiscal pero no por las otras dos acusaciones (la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG) que supone penas, para el primero, de un año y tres meses y, para la segunda, de un año.
La defensa de Blasco ha presentado, por su parte, una petición de nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales de su cliente. El fiscal se ha opuesto a la petición, al igual que el resto de las acusaciones.
El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.
Con la excepción de Murcia, el resto de inculpados han sido ya condenado en otras piezas del mismo caso. Así, el Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto César Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuan, a la misma pena de seis años.
El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad. Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, informan fuentes jurídicas.
Los contratos por servicios informáticos que se van a juzgar ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.
El exconseller, que llegó a ser portavoz del PP en Les Corts Valencianes, pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años. En su haber figura haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de 17 años.
El juicio continuará con testimonios el 18 de junio y el 9 y 20 de julio.
