Acuerdo en el caso de los matrimonios concertados entre rumanos en Morales de Toro
La Fiscalía y las defensas pactan una fuerte reducción de las peticiones de cárcel iniciales, que dejan entre 1 y 3 años y medio la condena por delitos de trata de seres humanos y abusos sexuales
Un momento del juicio en la Audiencia Provincial / CADENA SER
Zamora
La vista oral prevista este jueves y viernes en la Audiencia Provincial se redujo a apenas unos minutos, ante el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de 5 de los 7 acusados (los otros 2 están en busca y captura) por el caso de la venta de dos menores en Morales de Toro, en matrimonio concertado dentro de la comunidad rumana.
El acuerdo de la Fiscalía y las defensas dejó en 3 años y medio (se pedían 25 años de cárcel) la condena por dos delitos de trata de seres humanos y uno de abuso sexual (abusó de una de las menores) para el principal acusado y compañero de la hermana mayor de las niñas vendidas.
Los otros acusados aceptaron una condena de 1 año de prisión por un delito de trata de seres humanos (se pedían 10 años), que en el caso de la hermana de las menores vendidas es de dos años por los delitos imputados (se solicitaba para ella 20 años de cárcel).
La Fiscalía justificó que el acuerdo se basa en la apreciación de “un error vencible de prohibición” (los acusados, gitanos rumanos, actuaron en base a su cultura), y en una atenuante de reconocimiento de los hechos.
La Fiscalía no ha incluido ninguna petición de compensación para las víctimas de estos hechos, que están bajo tutela de la Junta después de la intervención de la Guardia Civil en su día y no se han personado en la causa.
Recordamos que estamos ante una situación en la que, de entrada, las víctimas de este caso, dos hermanas menores de edad ya habían sido violadas por su propio padre biológico, por lo que en 2017 fueron puestas bajo la tutela de su hermana mayor, residente junto a su pareja y principal acusado en Morales de Toro.
En 2018 la hermana mayor y su pareja (ahora condenados a 2 y 3 años y medio de prisión respectivamente) concertaron sendos matrimonios forzados con otras 2 familias rumanas, a cambio de unos 8.000 euros por cada una de las menores.
Las niñas pasaron a vivir con sus nuevas familias y ambas quedaron embarazadas, dando a luz cuando ya estaban bajo la tutela de la Junta, tras la intervención policial.
En el intervalo de tutela de la hermana mayor, su pareja y principal acusado, abusó de una de las menores.
