Gobierno Vasco y EH Bildu estallan en una guerra de acusaciones

Bilbao

EH Bildu ha acusado al Gobierno Vasco y a la Diputación de Gipuzkoa de haber organizado una "campaña de mentiras y difamaciones" contra la actuación del gobierno municipal de Azpeitia en la gestión de Corrugados con el fin de "desgastar" a la coalición independentista.

El dirigente de esta formación Unai Urruzuno dice en un comunicado que no se había presentado "ninguna propuesta concreta" para la planta de Corrugados en la localidad gipuzkoana y que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, "miente deliberadamente" cuando responsabiliza al Ayuntamiento de la renuncia del Grupo Industrial CL a reabrirla.

"Miente, y es muy consciente de que está mintiendo", asegura Urruzono, que se pregunta "dónde está esa propuesta" de la compañía extremeña y "por qué nadie la muestra".

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha responsabilizado a la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, del fracaso de la reapertura de Corrugados y la ha acusado de "tergiversar" y "ocultar información" y de "dejación clara de la responsabilidad municipal".

Tapia ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y se ha pronunciado así después de que ayer el Grupo Industrial CL descartara la reapertura de Corrugados Azpeitia por la falta de apoyo del Ayuntamiento de esa localidad, que defendía llevar la fábrica a otra ubicación.

El grupo extremeño preveía una inversión de 50 millones, 30 millones para la compra de maquinaria y el resto para materia prima, y dar empleo a unas 700 personas, 200 de manera directa.

Desde el consistorio guipuzcoano, su alcaldesa Nagore Alkorta insistió ayer que "nunca ha habido proyecto y que el plan urbanístico del municipio indica "claramente" que el uso permitido en la zona donde se ubica la antigua fábrica, cerrada hace ocho años, es "residencial".

La consejera ha mostrado su "malestar" y "tristeza" por "la oportunidad perdida", así como su "bochorno" por los más de 7.000 desempleados en Gipuzkoa y la "vergüenza" por el "cinismo", la "tergiversación" y las "falsas acusaciones" lanzadas desde el consistorio guizpuzcoano contra el Ejecutivo vasco, que ha hecho lo que tenía que hacer para tratar de sacar adelante esta reapertura.

Ha acusado al consistorio de desarrollar una "estrategia de tinta de calamar", de "echar balones fuera" y no querer asumir su responsabilidad y ha remarcado que "no se trata de fuego cruzado, ni de batalla política" sino de una "dejación clara de la responsabilidad municipal", al tiempo que ha afirmado que la alcaldesa no ha dado toda la información y no ha sido transparente.

Sucesión de hechos, según Gobierno Vasco

Tapia ha relatado que el grupo extremeño se puso en contacto en febrero con el Ayuntamiento, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco para mostrar su interés por la reapertura de esta planta.

Que el 11 de marzo hubo una reunión en la entidad foral entre todas las partes para abordar la situación. Desde el Ejecutivo se vio que era viable el proyecto aunque había que hacer inversiones y ha añadido que el consistorio puso sobre la mesa el tema del urbanismo.

Sin embargo la consejera ha detallado que el 17 de marzo la empresa envió una comunicación al Ayuntamiento en la que le comunicaba que no existía ningún impedimento urbanístico para reiniciar la actividad y le adjuntó un informe jurídico que así lo determinaba. También le traslada su disposición a reunirse con la alcaldesa para explicarle los planes.

Tapia ha dicho que el consistorio dio "la callada por respuesta", que la alcaldesa no se puso en contacto con la empresa para conocer su proyecto y que ni siquiera contrastó el informe jurídico de la compañía, que según la consejera, ha "ocultado durante 40 días".

Ha añadido que el 31 de marzo hubo una última reunión entre todas las partes para hacer un intento final en el que el Gobierno Vasco propuso que se contrastaran los informes y se creara un grupo de trabajo para tratar de solventar las dificultades y que el Ayuntamiento se negó en redondo, mantuvo que su informe era vinculante y que no era posible la autorización para la reapertura.

Finalmente ha dicho que el 12 de abril se comunicó a la empresa por teléfono que no era posible a reapertua.