Alfonso Rus y Rafael Rubio irán a juicio por el caso Taula, la fiscalía pide para ellos 12 y 6 años de cárcel
Se abre juicio por dos piezas searadas del caso Taula, las que investigan contrataciones irregulares
Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia / Cadena SER
Valencia
La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València ha decretado la apertura de juicio oral contra las 26 personas acusadas en las piezas separadas B y F del caso Imelsa, en relación a las contrataciones irregulares (trabajadores zombis) de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
Entre ellos figuran el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y los ex diputados provinciales Rafael Rubio (PSPV-PSOE) y Salvador Enguix (PP).
La instructora abre juicio por delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.
En el caso de Rus y Caturla la acusación se concreta por malversación, prevaricación y falsedad en su modalidad continuada, además de pertenencia a organización criminal.
Para el resto, incluido el ex concejal socialista y exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, la acusación es por los mismos delitos excepto el de pertenencia a organización criminal.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia Valencia Alfonso Rus y otros seis años para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio por los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa.
En el auto, hecho público este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se señala como órgano para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia Provincial de Valencia y requiere a los acusados para que presenten fianzas que suman en su conjunto más de 4,7 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
El pasado mes de febrero este juzgado acumuló la pieza de B, relativa a las contrataciones supuestamente ficticias y simuladas en la empresa Imelsa, la actual Divalterra de la Diputación de Valencia, y las de la pieza F sobre las contrataciones también supuestamente irregulares en la empresa Ciegsa, de la Generalitat.
De las diligencias practicadas en ambas piezas se evidencia, a juicio de la instructora, la existencia de un nexo común y de un "interés único en obtener por los investigados un beneficio propio utilizando empresas públicas para ello".
