El Gobierno Vasco asegura que los presos de ETA no tendrán un trato diferenciado en las cárceles vascas

Bilbao

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha remarcado que la transferencia de prisiones a Euskadi no va a suponer un trato diferenciado para los presos de ETA, a los que, al igual que al resto, se les aplicará la legislación vigente como recoge la Constitución.

"Lo digo bien claro, nadie, sea cual sea el delito que haya cometido, obtendrá un trato diferenciado en las prisiones vascas", ha afirmado la consejera en la inauguración en Vitoria de una jornada sobre el modelo penitenciario vasco en la que también ha participado el asesor en la materia del Gobierno autonómico, el juez Jaime Tapia.

Artolazabal ha recordado que esta semana se ha vivido un "hito histórico" con la firma de esta transferencia, que se hará efectiva el 1 de octubre, y ha censurado que se diga que ese traspaso "conllevará" un "trato de favor hacia los presos de ETA".

Ha calificado de mensajes "torticeros y manipulados" aquellos que afirman que a los presos etarras se les "hará un traje a media" o que se buscarán "trampas para sacarlos de las cárceles" y ha pedido no "frivolizar" con "temas tan serios que afectan a tantas víctimas".

La consejera ha negado que se vaya a dar un trato diferenciado a estos reclusos, unos 40 en las tres prisiones de Zaballa, Martutene y Basauri, donde hay más de un millar de presos, y ha indicado que actuar de otra manera, "favoreciendo o discriminando, sería una ilegalidad y podría tener consecuencias legales para quienes las cometieran".

"El Gobierno Vasco solo se encargará de la organización y funcionamiento de las cárceles, ni más ni menos. Los traslados, o si quieren llamarles acercamientos, siguen siendo potestad del Gobierno español", al igual que los indultos, ha subrayado.

Un modelo penitenciario "más humano"

Artolazabal ha destacado que en Euskadi la política penitenciaria tiene que ser un activo para la convivencia y la normalización política sobre la base del reconocimiento de las víctimas y la defensa de sus derechos; la autocrítica de los victimarios de la "sinrazón política, democrática y ética del ejercicio de la violencia" y la exploración del potencial de la vía restaurativa.

Ha explicado que el modelo penitenciario que Euskadi quiere desarrollar no requiere de cambios legislativos, sino de una interpretación progresista y resocializadora", "más humana", y donde resarcir el daño provocado a la víctima es prioritario y la justicia restaurativa relevante.

De hecho el Gobierno Vasco ha elaborado un documento con las bases de ese modelo que entre otras cuestiones aboga por favorecer la reinserción de reclusos mediante formación y trabajo penitenciario orientado a una posterior inserción laboral, y por priorizar "en la medida de lo posible" las condenas en régimen abierto por traducirse en una menor reincidencia.

Precisamente Tapia ha realizado durante la inauguración un repaso de ese documento. En su primera aparición pública desde que fue nombrado para asesorar el Ejecutivo autonómico en esta materia, el magistrado ha defendido la importancia de incrementar los regímenes de semilibertad, los diferentes tipos de terceros grados y la libertad condicional.

Ha argumentado que se ha demostrado que tales regímenes logran más éxito en la inclusión social de las personas privadas de libertad. También ha reivindicado el derecho a la verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad de las víctimas de los delito. Ha asegurado que un objetivo fundamental es la protección de esos derechos y la atención de sus necesidades y ha defendido la justicia restaurativa tras la sentencia como la vía más favorable para tal fin.

Ha resumido las línea de actuación a abordar en las cárceles vascas: la perspectiva de género, la situación de la salud mental y los presos con enfermedades graves, y las condenas de larga duración como "un reto" para la reinserción posterior, entre otras. Finalmente ha destacado que el hecho de que la competencia de prisiones esté atribuida a la consejería de Políticas Sociales apunta hacia dónde se quiere avanzar.

Alrededor de una veintena de asociaciones del tercer sector social que trabajan en las cárceles vacas, así como sus directores participan en esta jornada técnica con la que el Gobierno Vasco va a pulsar la opinión y recoger aportaciones. Además, el Ejecutivo tiene previsto más encuentros con sindicatos y asociaciones de víctimas.