La Fiscalía pide que el Ayuntamiento de Sevilla pague las indemnizaciones por la carne mechá de Magrudis
El Ministerio Público considera que el consistorio hizo un "deficiente" control sanitario de la empresa y de su licencia de actividad
Inspección de Magrudis / Guardia Civil
Sevilla
El brote de listeriosis de la carné mechá, el lomo al jerez y el lomo al pimentón de Magrudis le puede costar muy caro al Ayuntamiento de Sevilla. La Fiscalía ha solicitado, al juzgado que investiga los hechos, que declare responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, para que se haga cargo de las posibles indemnizaciones de los afectados, junto a los dueños y a sus dos empresas, Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario. El brote de listeriosis causó cuatro muertos, seis abortos y afectó a unas doscientas personas.
El Ministerio Público entiende que el Ayuntamiento hispalense debe asumir las consecuencias de su “inacción, acción deficiente y acción tardía”. Los dueños de Magrudis tenían contratada una póliza de seguros que solo cubre 300.000 euros, consignados en el juzgado desde que comenzó la instrucción; pero esa cantidad es insuficiente para cubrir todos los daños que provocó el mayor brote de listeria que se recuerda en España.
La Fiscalía ha presentado un escrito en el juzgado pidiendo que se archive la causa con respecto a la veterinaria municipal que se encargó del control de Magrudis. No tenía medios y estaba sobrecargada de trabajo, argumenta la fiscal. Solo había nueve veterinarios para atender a una ciudad de casi 700.000 habitantes.
Ante esta situación de la inspección “es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria”, señala el escrito. El informe del perito judicial determinó que la carne contaminada tenía entre 3.700 y 150.000 veces más listeria de la permitida por la legislación vigente.
Magrudis fue inspeccionada dos veces, en noviembre de 2016 y en julio de 2017. En el primer caso se calificó a la empresa con la categoría A, lo que significa que debía ser inspeccionada cada seis mes y supervisada cada 12. En la segunda visita ya se le otorgó la categoría C porque tenía establecido un sistema de autocontrol de agua potable, desinfección, control de temperatura y control de trazabilidad. Así que las inspecciones pasaron a 18 meses y la supervisión a dos años.
La funcionaria no tuvo conocimiento de que se detectó un brote de listeriosis en Huelva en diciembre de 2018, que Magrudis nunca retiró del mercado.
Durante la instrucción, algunos funcionarios municipales contaron que el expediente administrativo de Magrudis “lo metieron en una caja” y declararon que había “mucho atraso en la gestión de muchas cosas”. Una situación que se había comunicado “varias veces” a la sección de Personal del Ayuntamiento de Sevilla.
La Fiscalía quiere que la causa continúe solo contra el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, contra sus hijos Sandro y Mario, contra su mujer y contra su cuñada por los supuestos delitos contra la salud pública, homicidio, lesiones al feto y lesiones por imprudencia grave. También por falsedad en documento público y defraudación eléctrica.
La jueza Pilar Ordóñez determinará si cabe o no esta responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento hispalense.
