El TC estudiará el recurso del Gobierno Vasco contra el decreto digital
El recurso se presentó el pasado marzo después de que no fuera posible alcanzar un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación
Foto de archivo / EFE
Bilbao
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno Vasco contra varios artículos del Real Decreto de Seguridad Digital, que permite al Ejecutivo central, con carácter excepcional y transitorio, intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
En una nota el TC ha informado de que acuerda trasladar la demanda y demás documentos presentados al Congreso, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.
El Gobierno Vasco decidió recurrir al Tribunal Constitucional varios artículos de ese decreto al considerar que vulneran las competencias de Euskadi contempladas en el Estatuto de Gernika. Fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado que el recurso se presentó el pasado marzo después de que no fuera posible alcanzar un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación.
En enero de 2020 ambos ejecutivos acordaron abrir un periodo de negociación bilateral para dirimir las diferencias en torno a este decreto, lo que paralizó temporalmente el recurso.
El Ejecutivo autonómico ha mantenido que es grave que este decreto permita intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas públicas de Euskadi, sin que se describa en qué consistirá la intervención, ni las condiciones en las que se realizará, ni la duración máxima que tendrá.
También ha opinado que hay una falta de proporcionalidad entre algunas infracciones y sus sanciones, y ha asegurado que afecta de manera "grave y restrictiva" a derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución, como el de la libertad de expresión.
El TC acordó en marzo del pasado año admitir también a trámite los recursos presentados por el Govern de Cataluña y el Parlament contra este decreto que ha llegado a ser calificado como el "155 digital" ya que permite al Ejecutivo intervenir servicios digitales si se amenaza al orden público.
