Los sindicatos denuncian despidos en la residencia pública de Aranda

Aranda de Duero

El comité de empresa de Aralia, la empresa que gestiona la residencia pública ‘Virgen de las Viñas’ denuncia despidos que considera “indiscriminados e injustificados” en este centro de mayores de titularidad de la Junta de Castilla y León. Los representantes de los trabajadores califican de “crítica” la situación de este servicio público, donde en las últimas semanas han asistido a media docena de restricciones de contratos entre despidos disciplinarios y finalización de contratos temporales celebrados en fraude de Ley y sin que se produzcan la causa de extinción para la que fueron contratadas estas trabajadoras. El presidente del comité de empresa, considera “intolerable” que tanto la empresa como la Junta de Castilla y León pongan en esta situación tanto a los usuarios como a la plantilla, después de lo sufrido durante este último año y de la actitud ejemplar que esta última ha demostrado. “Anteriormente desde enero hemos tenido muchas no renovaciones por parte de la empresa con las que no se ha podido hacer nada, pero para estos últimos despidos y finalizaciones de contrato ya se están tramitando un acto de conciliación, porque las trabajadoras lo han lo han querido así y los sindicatos ya lo estamos tramitando, ya que creemos que con todo lo que han llevado los trabajadores todo este año, con lo que han luchado por los residentes por esta situación que tenemos no nos parece justa ni por parte de la empresa ni tampoco de la Junta”, detalla Alejandro Hernández.

La residencia cuenta con una capacidad asistencial de 130 plazas de residentes y 32 plazas de Centro de Día, de las que solo 17 están autorizadas actualmente por la situación del Covid, sin embargo, únicamente tiene cubiertas en la actualidad 88 plazas de Residencia y 12 plazas en el Centro de Día. El comité de empresa dice que resulta incomprensible que, existiendo una larga lista de espera de usuarios demandantes de esas plazas, no se cubra de forma inmediata a estas vacantes y sin embargo la empresa opte por el despido de las trabajadoras, con la complicidad de la Junta de Castilla y León, responsable última de este servicio. “Ellos lo achacan a que la Junta no está haciendo ingresos y realmente es así: en la Junta de Castilla y León no nos está mandando nada, ningún residente, cuando sabemos que las residencias privadas de la zona se están llenando; todas nuestras plazas son públicas y, con la que está cayendo fuera a nivel social, tener un recurso público con 43 plazas libres nos parece un despropósito y sabemos que ellos tienen conocimiento pero la gerencia de Burgos dice que todo depende de la gerencia de Valladolid y es la gerencia de Valladolid la que tiene cortados los ingresos”, denuncia Hernández.