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El Ministerio quiere incautar 18 millones por la fianza de explotación a las concesionarias de la AP-7

El Ministerio quiere incautar 18 millones por la fianza de explotación a las concesionarias de la AP-7 / Cadena SER

El Ministerio quiere incautar 18 millones por la fianza de explotación a las concesionarias de la AP-7

Murcia

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado la incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionarias de las 9 autopistas que quebraron en la última crisis financiera de 2008, un importe que asciende a 120 millones de euros. Dentro de esa importe, se encuentran 18 millones de euros correspondientes a las empresas Globalvía y Ploder, responsables de la concesión de la autopista AP-7 Cartagena-Vera, que se encuentra en liquidación concursal.

A ésta se suman las radiales de Madrid R2, R3 y R5 (bajo una única sociedad), R4, M-12 (eje aeropuerto), AP-41 (Madrid-Toledo) y AP-36 (Ocaña-La Roda), así como la AP-7 de circunvalación a Alicante.

Junto con la resolución de los contratos de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de todas estas vías, el Gobierno también contemplaba la incautación de las garantías de explotación, un procedimiento que ahora ha iniciado.

Los avalistas, sociedades concesionarias en liquidación concursal y determinadas sociedades y fondos acreedores presentaron distintos recursos frente a los acuerdos de julio de 2018 del Consejo de Ministros, que, según defiende Transportes en un comunicado, han sido resueltos mediante sentencias firmes por el Tribunal Supremo a favor del Ministerio y en el sentido recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros.

De esta forma, el Gobierno se escuda en estas resoluciones judiciales para reclamar los 120 millones de euros dispuestos en garantías, lo que aminorará la factura del Estado por este rescate.

En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).

 
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