El juicio del "Caso Trípode" ha quedado visto para sentencia
El Partido Popular asegura que el abogado de la defensa pone en duda la continuidad del Festival de Cine de Segovia
Abogado del Grupo Popular; el portavoz del PP en Segovia, Pablo Pérez; y el viceportavoz del grupo José Luis Huertas, a las puertas del juzgado de lo cotencioso administrativo / Radio Segovia / Cadena Ser
Segovia
El Partido Popular ha expuesto sus argumentos en la vista del juicio del llamado “Caso Trípode”. Entre los motivos que los populares señalan como “irregulares en la contratación de la Asociación Trípode Cultural” para la realización del Festival de Cine de Segovia, están, por un lado, la contratación de los servicios por un año, cuando el festival se celebra de forma plurianual. Pablo Pérez, portavoz del PP en Segovia, asegura que el abogado de la defensa pone en duda la continuidad del festival:
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Pablo Pérez, portavoz del PP en Segovia, asegura que el abogado de la defensa pone en duda la continuidad del festival
Por otro lado los populares acusaban al equipo de gobierno de fragmentar el contrato:
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Pablo Pérez acusa al equipo de gobierno de fragmentar el contrato
El Partido Popular señala que el ayuntamiento ha añadido documentos en el expediente administrativo que no se habían facilitado a los concejales populares en sus peticiones. Pablo Pérez asegura que estos documentos no tienen por qué cambiar el sentido de la sentencia.
El abogado del Grupo Popular declaraba que le resultaba llamativa la única pregunta que el juez realizaba al testigo:
Lo que solicitan desde el PP es que se anule el Decreto de Alcaldía por el que se concedía esta contratación.
El juicio ha quedado visto para sentencia. El abogado del PP ha señalado que este juzgado “suele ser bastante rápido para dictaminar sentencias” que en este caso será firme, es decir, no cabe recurso sobre la misma al tratarse de un contrato menor.
Por lo tanto, el juez determinará si el ayuntamiento ha obrado con transparencia, con claridad y siguiendo el procedimiento o ha habido alguna infracción o causa que dé lugar a la invalidación total del proceso administrativo o anulabilidad.
