Los empresarios de Burgos suspenden a las administraciones frente a la Covid
La FAE estima que la recuperación no llegará al menos en dos años
De izquierda a derecha, Emiliana Molero, Nacho San Millán e Iñigo Llarena / Radio Castilla
Burgos
Los empresarios de Burgos suspenden a los gobiernos estatal, autonómico y local en cuanto a las medidas establecidas para contener la pandemia y las ayudas a empresas, según el informe de percepción empresarial elaborado por la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), basada en una encuesta a más de 250 empresas.
La secretaria de FAE, Emiliana Molero, ha precisado que en cuanto a las medidas para frenar los contagios es de 2,7 puntos sobre diez para el Gobierno central y 3,34 para la Junta de Castilla y León, mientras los ayuntamientos se mueven en una horquilla de entre 2,8 y 3,8 puntos. En cuanto a las ayudas a empresas las puntuaciones son aún más bajas. En este caso, el Gobierno central recibe 2,58 puntos y la Junta de Castilla y León de 2,55; mientras el Ayuntamiento de Burgos y los municipios menores de la provincia obtienen 2,85 puntos, el Ayuntamiento de Aranda de Duero 2,16 y el de Miranda de Ebro 1,8.
Los efectos de la pandemia han marcado el ejercicio tanto en el plano económico como en el empleo, aunque no afecta por igual a todas las empresas y son las del sector servicios las más afectadas negativamente con diferencia, mientras la industria, la construcción y la agricultura registran un mejor comportamiento. Actualmente, una de cada cuatro empresas encuestadas sigue en ERTE, aunque el 95% de las que no están en esta situación tampoco se plantean solicitarlo en próximas fechas. Al margen de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, en 2020 una de cada tres empresas ha reducido empleo y el crecimiento de empleo ha sido prácticamente nulo.
En cuanto a la previsión de empleo para 2021, únicamente el 10% de las empresas espera contratar personal, la mitad de las que lo preveían para el año anterior; mientras el 25% tiene previsión de reducir empleo en este ejercicio. El tesorero de FAE, Iñigo Llarena, ha precisado que la práctica totalidad de los ERTE que siguen activos en este momento corresponden precisamente a a empresas del sector servicios.
El informe destaca que, mientras en los seis años anteriores solo el 20% de las empresas consideraban que les iba peor que en el ejercicio precedente, en 2020 esa cifra se ha disparado hasta el 70%. El vicesecretario de FAE, Nacho San Millán, ha señalado que “a pesar del desastre de 2020” un 15% de las empresas encuestada reconoce haber cerrado el ejercicio con mejores datos que en 2019, “aunque en años anteriores ese porcentaje de mejoría rondaba el 50%”. Además, pese a la coyuntura económica desfavorable, el 95% de las empresas encuestadas no se plantea presentar concurso de acreedores en fechas próximas.
De cara a 2021, el 35% de las empresas considera que les va a ir peor este año, aunque el 40% se plantean inversiones en el primer semestre de este año y solo el 10% rebajarán sus previsiones de inversión. Emiliana Molero ha insistido en que las previsiones económicas para los próximos meses están en función de que se pueda frenar la pandemia, para lo que el 65% de los empresarios creen que la principal medida es la vacunación masiva y el 86% estiman que será una medida eficaz para recuperar la actividad económica de su empresa en concreto.
Aún contando con que la vacunación llegue a finales del verano a más del 70% de la población, San Millán ha considerado que la recuperación de la economía tras la estabilización de la Covid puede estar en un margen de “al menos dos años”. En todo caso, los representantes de FAE consideran necesarias medidas para la recuperación económica de las empresas y para evitar su cierre, con la pérdida de empleo que implicaría.
En este sentido, Emiliana Molero ha insistido en la rebaja de impuestos como vía más adecuada para ayudar a las empresas y ha afirmado que “no parece lógico que empresas que están sin actividad por las medidas contra la pandemia sigan pagando todos los impuestos y tasas”. También ha pedido que se refuercen las ayudas directas desde las administraciones, para llegar al nivel de otros países europeos donde esas ayudas son mayores, y que se estudie por las entidades bancarias una moratoria de un año para comenzar la amortización de los créditos ICO que pidieron muchos empresarios, que hasta ahora están pagando solo intereses pero tendrían dificultades para afrontar la amortización en este momento.
