Gobierno Central y comunidades autónomas acuerdan un plan nacional de control de la cadena alimentaria

Lorca

Gobierno Central y Comunidades Autónomas han acordado el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria hasta 2025 en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca celebra de forma telemática este lunes entre el ministrio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, y los consejeros autonómicos de este área.

En lo que se refiere a Murcia, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha informado de que en este marco se van a realizar 1.600 controles en 2021 con el objetivo de "garantizar al consumidor que se cumple la normativa". La planificación incluye 1.109 controles en materia de ganadería, 301 en el área de sanidad vegetal, 182 para calidad de los alimentos y lucha contra el fraude, y 9 en materia de pesca extractiva y acuicultura.

En relación a la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo trámite de reforma continúa, el consejero Antonio Luengo ha pedido que "la asignación a las comunidades autónomas de controles extras vaya acompañado, necesariamente, de presupuesto adicional para dotación de medios y personal que nos permita afrontar con garantías y seguridad un trabajo que debe revertir en el consumidor".

Las tres coordinadoras agrarias, COAG, ASAJA y UPA, han insistido en "la necesidad de prohibir en la ley la venta a pérdidas en el úlitmo eslabón". Según apuntan es "una práctica que supone siempre una pérdida del valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hastas llegar al más débil, el productor".

Piden también un registro electrónico de contratos "no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la AICA", la Agencia de Información y Control Alimentarios, para quien piden más dotación de personal y económica.

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De igual forma, demandan la inclusión en esta ley del canal HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) y de las Organizaciones de Productores (OP) y que se clarifique y refuerce la figura del mediador.

Además, quieren que el ámbito de aplicación de la ley se haga extensivo a los productos importados de terceros países, "para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que se respecta a prohibiciones y sanciones".