El juez cita como investigado al presidente de la Diputación por las ayudas que dio a la 'pará' de Gines

Sevilla

El juez Villaplana ha citado a declarar como investigado al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, al interventor de la Institución, al secretario general y al que fuera su jefe de gabinete y exdiputado socialista, Antonio Pradas, entre otros, porque también han sido llamados a declarar varios jefes de servicio. Tendrán que declarar el 19 y el 26 de marzo.

Durante varios años, entre 2007 y 2014, la Diputación otorgó subvenciones extraordinarias al Ayuntamiento de Gines para organizar La Pará, un evento que se celebraba cada otoño, antes de la pandemia. En total casi 27.000 euros. El juzgado duda de que esas subvenciones directas puedan considerarse excepcionales. 

La Diputación de Sevilla en un comunicado ofrece su total colaboración con la justicia para esclarecer los expedientes, que cuentan, según la institución, con los informes técnicos favorables. El presidente, Rodríguez Villalobos, afirma que confía en la Justicia y se ofrece a colaborar con ella. Al mismo tiempo, defiende la legalidad de esas ayudas. Villalobos expresa su deseo de que los hechos se puedan esclarecer cuanto antes y solicita prudencia para que la Justicia haga su trabajo sin presiones.

En esta causa también está siendo investigado el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, el interventor, la secretaria, varios empresarios y cuatro exhermanos mayores de la hermandad del Rocío del municipio por la organización de esta feria. Una organización que corría a cargo del Ayuntamiento y cuyos beneficios supuestamente solo recogían los particulares que explotaban el ambigú o las actividades comerciales y lúdicas que se celebraban.

Según datos de la investigación, el ayuntamiento de Gines se gastó más de 662.000 euros entre los años 2007 y 2016 en la organización del evento.

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El juzgado considera que entre 2007 y 2016 el Ayuntamiento de Gines adjudicó, sin procedimiento administrativo, la explotación del ambigú de La Pará a la hermandad del Rocío del municipio y lo mismo hizo con los stands comerciales o los puestos para caballos que se montaban con dinero público. Ni la hermandad ni los particulares pagaron nunca tasas municipales, según la investigación de la Guardia Civil. Los agentes consideran que lo recaudado lo destinaban, fundamentalmente, a pagar su peregrinación a la aldea almonteña.

El alcalde declaró en su día que no tenía conocimientos técnicos y que todo lo que hacía era con la supervisión del interventor y la secretaria de su ayuntamiento.