La Diputación de Castellón, obligada a pagar 531.000 euros por un impago de patrocinio cuando presidía Fabra
El TSJ de la Comunidad Valenciana ha condenado a la institución provincial por incumplir el convenio de patrocinio del Masters-Castellón Costa de Azahar de hace 10 años y no abonar 531.000 euros a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana
La consejera de Cultura de Valencia, Trini Miró, y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, durante la presentación en 2008 Madrid de la primera edición del torneo de golf Castelló Masters Costa de Azahar / EFE
Castellón
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho pública una sentencia en la que condena a la Diputación de Castellón a pagarle a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) la cantidad de 531.000 euros en concepto de una factura derivada de su aportación como copatrocinador en el evento Masters-Castellón Costa de Azahar de 2011.
La Diputación venía copatrocinando este torneo desde 2008 junto con la Generalitat. En concreto, la entidad provincial pagó a Match Golf Consulting un total de 1.433.000 euros a través de cuatro contratos de patrocinio: en 2008, 348.000 euros; en 2009, 352.872 euros, en 2010, 361.827 euros y en 2011, 364.722 euros. Al convenio de colaboración con la SPTCV se le añadió una addenda, en 2012, por la que ambas instituciones se comprometían a pagar, además de la cantidad fijada en el convenio inicial, una aportación extra de 3.540.0000 euros para compensar la falta de patrocinadores privados en dicho evento.
La sociedad pública de la GVA procedió a pagar esta cantidad mediante dos transferencias: 3.009.000 euros correspondientes a su parte, y 531.000 euros que le correspondían a la Diputación, que nunca llegó a abonar. Según recoge la sentencia, cuando se le reclamó este importe por vía judicial la respuesta fue que no consta “en las actas de Junta de Gobierno y Pleno de la administración provincial, así como en el libro de decretos del presidente ningún acuerdo de compromiso de gasto».
La sentencia afirma que, aunque la gestión sea de 2012, es la actual Diputación la que debe pagar ahora este dinero pues se trata del “cumplimiento de un convenio (…). En dichos convenios se ha pactado, de forma clara e inequívoca, que han de transferir unas determinadas cantidades, en unos plazos concretos. En este supuesto la obligación ha sido satisfecha durante las primeras anualidades incumpliéndose el convenio en relación con la última anualidad reclamada en esta litis, aduciéndose como motivo del incumplimiento, falta de consignación presupuestaria”.
Ante esta sentencia, el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Santi Pérez, avanza que el equipo de gobierno “está estudiando todas las vías legales de recurso”. Para Pérez, estamos ante un “un ejemplo más, de muchos, de la nefasta gestión del Partido Popular”. “Algunos de los diputados que ahora se atreven a darnos lecciones de buen gobierno, formaban parte del equipo de gobierno que firmó un convenio que luego no tramitaron, ni consignaron en el presupuesto, ni pagaron”. “Esta es la herencia que nos ha dejado el Partido Popular. En medio de una pandemia, con más de medio millón de euros se podría ayudar a muchas familias, a muchas empresas. Es dinero perdido para toda la provincia” ha concluido.
Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputació, Ignasi Garcia, ha señalado que esta es «una más entre todos los gastos que la sociedad castellonense hemos heredado de los gobiernos del PP». Para el valencianista, «resulta sorprendente que digan que casos como este son ‘del pasado’», cuando «la Diputación tiene pendiente también de cobro 200.000 euros de la extinta Canal 9 por patrocinios de retransmisiones de actos taurinos y la Generalitat tuvo que pagar cuatro millones de euros por el proyecto de golf del popular Rafael Blasco». «Las sentencias judiciales son la constatación del mal que ha hecho la derecha al País Valenciano y que todavía pagamos la ciudadanía», ha concluido Garcia.
Un torneo ya investigado
Cabe destacar que este torneo de Golf ya ha estado implicado en la Operación Púnica. Según informó la Cadena Ser en 2016, decenas de facturas y documentos oficiales probaron que el Gobierno de la Generalitat Valenciana, presidido por Francisco Camps, junto a la Diputación de Castellón de Carlos Fabra, pagaron 10 millones de euros de dinero público a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por la testaferro de Francisco Granados, María José Marijuán, entre los años 2008 y 2010. El contrato también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, que según fuentes del caso ascienden a otros tres millones de euros.
Los pagos de las dos instituciones del PP dirigidas por Camps y Fabra a la empresa, considerada por los investigadores como parte del entramado criminal de la Operación Púnica, se produjeron para organizar el torneo de golf Castellón Masters Costa Azahar, que se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que gestionaba y dirigía Carlos Fabra en la localidad de Borriol. Francisco Camps y Carlos Fabra utilizaron una fórmula para eludir el concurso público y poder adjudicar a dedo a la empresa de la Púnica la millonaria concesión: emplearon el convenio en lugar del contrato público para emplear a Match Golf Consulting.
