'Adelante Villamalur' advierte que se ha apercibido al alcalde por presuntamente ocultar información
Villamalur / Cadena SER
Villamalur
La plataforma Adelante Villamalur advierte que el Síndic de Greuges ha apercibido al alcalde del municipio, Juan Bautista Gimeno, del Partido Popular, por presuntamente ocultar información.
El pasado mes de noviembre, el alcalde Juan Bautista Gimeno declaró como investigado por el caso de los empadronamientos del municipio. Un proceso que en estos momentos está en fase de instrucción judicial, porque como les informó esta emisora, una plataforma vecinal vinculada al PSOE y formada por 46 personas con raíces en Villamalur, inició en enero de 2019 el proceso de empadronamiento, con el fin de repoblar el municipio y poder votar en las elecciones municipales. Las 46 personas se empadronaron en enero con el plazo suficiente para participar en los comicios y votar, aunque el consistorio les dio de alta en el padrón el 9 de febrero, y se quedaron ya sin margen para poder ejercer el derecho al voto, porque la legislación advierte que debe existir un margen suficiente de 4 meses entre el empadronamiento y el derecho a la votación.
Ahora, según ha explicado a Radio Castellón la portavoz de la plataforma Adelante Villamalur, Rosa Gómez, el Síndic de Greuges ha advertido al alcalde que ante la reiterada falta de colaboración, le podría imputar un delito de de desobediencia que, puede implicar la pena de suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de seis meses a dos años. Gómez ha señalado que Juan Bautista Gimeno, al parecer, se ha negado al envío de informes requeridos por el Sindic.
La portavoz de la plataforma Adelante Villamalur, Rosa Gómez
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El Síndic de Greuges ha reclamado al consistorio el deber legal de contestar las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los concejales en un plazo legal máximo de 5 días. Además, Adelante Villamalur ha explicado que se reservan la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía los hechos.
El alcalde de Villamalur advirtió en su declaración como investigado que empadronó a los vecinos del municipio y envió los documentos al Instituto Nacional de Estadística. El ayuntamiento consideraba que el empadronamiento de 46 personas podía adulterar los comicios, porque la localidad solo contaba en 2019 con 62 habitantes.
