La Fiscalía denuncia el vertido de residuos contaminados de Covid en un vertedero de Manresa

Barcelona

La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona se han querellado contra una empresa de transporte de residuos (Vilà-Vila Servicios Ambientales, con sede en Sant Joan de Vilatorrada) y contra el Consorcio del Bages para la Gestión de Residuos, gerente del vertedero de Manresa, por verter residuos contaminados de coronavirus sin seguir los protocolos de protección. El fiscal acusa a los tres responsables de la empresa de limpieza y del vertedero de un delito contra el medio ambiente y, sobre todo, contra la salud pública puesto que tiraron sin control y al aire libre mascarillas, equipos de protección sanitario, residuos con sangre y respiraderos de pacientes de dos clínicas del Bages. En total, se vertieron 78 toneladas de residuos clínicos, según ha certificado por el momento la Guardia Civil.

Pasó durante la primera oleada de la pandemia. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil encontró en el vertedero de Manresa "equipos de protección individual, jeringuillas, lotes de medicación, viales con restos presuntamente de sangre, envases con soluciones acuosas, goteros e, incluso, respiradores para ventilación mecánica". Gran parte de estos residuos provenían de pacientes con coronavirus de un hospital a Manresa y, según la empresa, también de una residencia de ancianos. Los equipo de gestión de residuos de estos centros habían subcontratado a esta empresa, denunciada ahora por la Fiscalía.

Según la documentación que la empresa libró a los investigadores, los querellados eran perfectamente conscientes de que transportaban material contaminado de coronavirus, pese a no seguir los protocolos. "La propia empresa ha aportado documentación acreditando el transporte de residuos derivados de la Covid-19, como se puede ver en un documento de transporte adjunto al atestado. En el apartado de mercancía consta de manera literal <<desechos clínicos (equipos de protección y batas contaminadas de Covid)>>", escribe la fiscalía en la querella que ha presentado al juzgado.

Por ley, los materiales peligrosos o contaminantes, tienen que ir señalizados; se deben depositar dentro de una bolsa doble o triple, se tienen que transportar dentro de una zona impermeable del camión y se deben verter de forma controlada, desinfectándolos o destruyéndolos; una normativa que, según la fiscalía, la empresa se saltó. En este caso, el personal sanitario daba los residuos Covid precintados con bridas pero estos equipos de limpieza lo dipositaban con el resto de basura al camión donde se compactaba y mezclaba: "las bolsas que contienen los residuos se compactan dentro del camión, lo cual origina la ruptura de muchas de ellas y permite el vertido de los líquidos infecciosos durante el trayecto del centro sanitario hasta el vertedero", alerta el fiscal de medio ambiente.

"Además, a consecuencia de la ruptura de las bolsas, a su llegada al vertedero son lanzadas directamente, pudiendo accederse a su contenido al haber quedado destruido el envoltorio exterior, con la consiguiente exposición de todo tipo de material sanitario susceptible de ser infeccioso, lo cual se traduce en un alto riesgo sanitario tanto para los propios operarios encargados de su transporte y gestión como para la salud pública en general", concluye la querella. Con el permiso del responsable del vertedero de Manresa, todos estos residuos quedaban esparcidos al aire libre, como muestran las fotografías adjuntas al atestado de la Guardia Civil.

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Desde el Consorcio del Bages para la gestión de Residuos, denunciados en tanto que gerentes del vertedero de Bufalvent, recuerdan que el tema está pendiente de resolución judicial y aseguran que "han hecho los procesos de acuerdo con la normativa". Añaden que "la recepción y tratamiento de residuos se hizo según la documentación presentada a las oficinas del Consorcio, que certificaba que los residuos podían ser descargados al depósito controlado de residuos de Bufalvent". La fiscalía los acusa de un delito contra la salud pública y el medio ambiente que comporta penas de prisión de 6 meses a 2 años. A partir de ahora, el juzgado número 6 de Manresa se hará cargo de la investigación.