Santa Eulària obliga a demoler 11 viviendas ilegales en suelo rústico
La sanción inicial al promotor era de 554.000 euros aunque se ha reducido a 66.000
Imagen de las viviendas ilegales / Ayuntamiento Santa Eulària
Ibiza
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha obligado a demoler 11 viviendas y dos almacenes construidos sin licencia y ha impuesto al promotor de las obras una multa de 66.000 euros. Este complejo ilegalizable se encontraba en una zona calificada como suelo rústico común.
Según ha informado el Consistorio, el infractor se ha beneficiado de una reducción de la sanción inicial, que ascendía a 554.000 euros “al haber reestablecido de las cosas según su estado anterior” y por haber reconocido la responsabilidad de los hechos.
Por estos motivos, se han utilizado los tramos inferiores de las multas establecidas en la Ley, por un lado, y se aplica un descuento del 20%, por otro lado.
Además, el promotor procedió al desalojo de las personas que residían en estas viviendas ilegales al inicio de este procedimiento, lo que también se ha considerado un atenuante. Sin embargo, todavía queda un porche ilegal que debe ser demolido.
Los servicios técnicos municipales realizaron la primera inspección en la zona el 18 de octubre de 2019. En esta visita pudieron constatar que sobre la parcela se había procedido a la construcción sin licencia de 11 viviendas y 2 almacenes divididos en tres áreas. Por un lado, dos viviendas en planta primera de 45 metros cuadrados cada una, que estaban situadas sobre una edificación de planta baja preexistente en la parcela y en la que consta última actividad la de marmolería. Asimismo, adosados a esta edificación, los técnicos comprobaron la existencia de dos almacenes en planta baja (172 m2) y seis viviendas en piso (347m2). Al noroeste de este bloque se halló una tercera área con dos viviendas pareadas en planta baja (140 m2).
Por estos motivos se incoó un expediente sancionador por infracción urbanística y de reposición de la realidad física alterada. Entonces, el promotor comunicó que había demolido estas construcciones y que, además, reconocía la responsabilidad de los hechos. Los técnicos municipales pudieron comprobar en dos visitas posteriores esta situación, aunque las dos viviendas de primera planta habían quedado reconvertidas en un porche de 90 metros cuadrados.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque todavía cabe un recurso de reposición ante el Ayuntamiento y también un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
