El Estado pagará con deuda pública la indemnización por la cancelación de actividad del almacén de gas Castor

Castellón

El Estado pagará con la deuda pública la indemnización de más de 1.350 millones de euros, fijada por el Tribunal Supremo, por la cancelación de la actividad del almacén de gas Castor, ubicado frente a la costa de Vinaròs.

El proyecto Castor trataba de aprovechar un antiguo pozo petrolífero bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema nacional, pero la inyección de gas en la planta provocó en el año 2014 casi 500 micro-terremotos en la zona norte de la provincia de Castellón. Por este motivo, el Gobierno decidió hibernar la planta y cancelar la actividad.

El pasado mes de julio, el Boletín Oficial del Estado publicó el proceso de autorización para los trabajos de sellado y abandono definitivo de los 13 pozos de gas natural, así como un estudio de impacto ambiental.

El cese de la actividad ha tenido un coste importante para las arcas públicas. Según ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno va a tener que recurrir a la deuda pública para poder pagar, según dictó el Tribunal Supremo, la cancelación de la actividad de la planta. El Supremo reconoció el derecho del Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados por el Estado con 1.350 millones de euros, cuantía que las tres entidades adelantaron a Enagás para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor.