Ley Celaá
La Firma de Guillermo Granja
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Guillermo Granja / Radio Palencia
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Palencia
Soy profesor desde 1988, por lo cual, he sufrido todos los modelos educativos que se han implantado en la democracia. A mi entender, una locura para el profesorado, un galimatías para las familias, una influencia negativa para los alumnos y un enredo monumental para la sociedad.
Creo que ya está bien de que, en cada periodo de gobierno de un partido, se nos cambie el terreno de juego, como si se tratase de un deporte en el que los rivales tienen que vencer uno al otro y mejor si puede ser por goleada.
Por mi experiencia como docente y como gestor en distintos puestos de la administración educativa me atrevo a decir que todas las leyes promulgadas contienen muchos errores y, por supuesto, también tienen innumerables aciertos.
La mayor parte de los cambios que se proponen suelen ser más superficiales que profundos, salvo en el tema de la admisión de alumnos y de los centros concertados. Por cierto, en todos los casos siempre hay algunas pequeñas modificaciones que tienen que ver con las asignaturas que cursa el alumnado, lo que conlleva, por lo general, que haya que comprar nuevos libros de texto, qué curioso.
En nuestro entorno internacional no es usual esta situación sino todo lo contrario. Por Europa lo que se estila en este apartado es el consenso político y social. Las leyes educativas son consideradas como las bases que permanecen en el tiempo y son los desarrollos de éstas los que se adaptan a cada momento, lo que supone una verdadera equidad de formación en el alumnado a lo largo del tiempo.
Confieso que no me he leído, en profundidad, el borrador de la LOMLOE o Ley Celaá. Cuando cayó en mis manos el primer borrador me pareció farragoso, mal escrito, jurídicamente hablando, y muy difícil de interpretar por las Comunidades Autónomas, que son las que tienen que desarrollarla.
La propuesta que se aprobó en el Congreso de los Diputados y que, muy probablemente, será aprobada tal cual en el Senado, ha mejorado algo en su redacción y me temo que nos va a llevar a 18 sistemas educativos diferentes, lo que supone un gran sinsentido.
También vaticino que muchas de sus novedades van a tener muy mal encaje en el sistema educativo, ya que para que una intención se pueda llevar a cabo hay que poner los recursos necesarios y que se ajuste a la realidad. En este borrador de Ley son muchísimos los cantos de sirena en relación con la distribución heterogénea del alumnado, la potenciación de su desarrollo individual y personal, la búsqueda de la equidad como igualdad de oportunidades, etc. Muy buenos propósitos, pero de difícil cumplimiento.
Otra cuestión que observo en la norma es cierta animadversión hacia los centros privados concertados. Yo soy funcionario de la Consejería de Educación y defiendo el sistema público, ya que es mi modus vivendi, pero lo hago sin atacar ni menospreciar a los demás. Creo que tiene que haber diversidad de propuestas educativas, como reflejo de la sociedad española, permitiendo la coexistencia de ambas redes.
Ahora bien, la selección del profesorado de la enseñanza pública se tiene que hacer promoviendo que puedan acceder los mejores docentes, en condiciones dignas, y que cuenten con los medios necesarios para desarrollar su labor en profundidad. Para mí, esta es la forma de defender lo público sin tener que ahogar a lo privado.
Muchas gracias por su atención y espero que la próxima Ley educativa, que estoy seguro que la habrá más pronto que tarde, sea la definitiva.