Las víctimas de Angrois denuncian al Ministerio de Transportes por falta de independencia
Tras el procedimiento de infracción abierto a España por la UE y la negativa a investigar la tragedia, como exige Europa, acuden a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo
Imagen de archivo del accidente ferroviario de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013 / Radio Segovia
Segovia
La Plataforma de víctimas del accidente del Alvia en Angrois en 2013 ha iniciado los trámites para demandar al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por su falta de independencia e incumplimiento de la normativa.
En este accidente fallecieron 80 personas y otras 100 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraba un joven segoviano, Francisco Javier García Liras (Curro para para su familia y amigos), cuya familia lleva más de 7 años buscando justicia. Su padre, Javier García Municio, ha pasado por los micrófonos de Radio Segovia para explicar el punto en el que se encuentra su lucha. Comenzando con un breve repaso, explica que, en un informe de 2016, la UE, a través de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) concluyó que el gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia (Directiva de Seguridad 49/2004/CE), poniendo de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la CIAF, ya que no analizó las causas de raíz, precisamente aquellas que afectan al propio Ministerio, Adif y Renfe. El documento concluye diciendo que deberá abrirse una investigación que cumpla con los requisitos de independencia y objetividad.
En enero de 2019, explica García Municio, la Comisión Europea inició un procedimiento sancionador contra España por haber incumplido las Directivas Comunitarias en la investigación de accidentes. En concreto, vuelve a poner en entredicho el trabajo de la CIAF al apuntar las “deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes”.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recuerda el padre de Curro, es el que tenía y tiene competencia para nombrar a los miembros de la CIAF y el que tiene la obligación de velar porque las investigaciones se lleven a cabo de manera independiente y acordes a la normativa nacional y europea. Según la Plataforma de víctimas, el Ministerio habría vulnerado las normas nacionales y comunitarias al nombrar miembros de la CIAF no independientes ni imparciales.
Igualmente, la CIAF, habría vulnerado esas mismas normas, eludiendo las garantías que exigía el procedimiento de investigación y elaboración del informe final legalmente establecido, privando a las víctimas del necesario trámite de audiencia. Ello, dicen, amén de que no respetó la independencia al tiempo de nombrar al personal investigador que participaría en el análisis técnico y del resto de deficiencias claramente advertidas en informe de la ERA.
Por otro lado, la CIAF, sigue a día de hoy, denuncian, sin ser independiente, dado que parte de sus miembros, han prestado servicios previamente en el Ministerio, Adif, Renfe o Ineco.
En este contexto, la asociación de víctimas, representada por el abogado especialista en Derecho Administrativo y Contencioso–Administrativo, Antonio Benítez Ostos, ha preparado la correspondiente acción judicial frente al Ministerio de Transportes y frente a la CIAF.
Por imperativo legal, presentan previamente varias peticiones en vía administrativa:
- Solicitan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la renovación de parte de los miembros de la citada Comisión, que a día de hoy no goza de independencia
- Y solicitan a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que lleve a cabo una nueva investigación objetiva tutelada por la ERA y que cumpla con los requisitos legalmente establecidos, en especial, la independencia de sus miembros, el trámite de audiencia a las víctimas y atienda la totalidad de deficiencias expuestas en el documento de la Agencia Ferroviaria Europea .
Javier García Municio espera que esta denuncia surta su efecto y la nueva investigación esté lista a tiempo para ser presentada en el juicio penal previsto a mediados de 2021, casi 8 años después del siniestro.En caso de no obtener respuesta o que la misma sea desestimatoria, concluye, no dudarán en acudir en los próximos meses a los Tribunales de Justicia.
