Gobierno y Xunta mantienen su pulso por los usos del Pazo de Meirás
El Estado advierte de que no va a renunciar a la memoria democrática en el Pazo de Meirás
La Xunta insiste en que los usos del Pazo de Meirás no se pueden centrar sólo en la memoria
Sada
El Gobierno central quiere alcanzar un acuerdo con la Xunta de Galicia sobre los futuros usos del Pazo de Meirás pero deja claro que no le gusta el plan inicial presentado por la Consellería de Cultura. El pasado franquista del inmueble y la memoria de los represaliados tienen que estar presentes necesariamente, según ha puesto de manifiesto la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en el programa A Coruña opina de Radio Coruña Cadena SER.
La principal letrada de la Administración Estatal ha declarado que, aunque ella no va a erigirse como portavoz del Gobierno, puede afirmar que "por lo que sabe, el Estado no va a renunciar a la dimensión de la memoria democrática" en el futuro del Pazo de Meirás. A su juicio, los usos deben combinar el recuerdo de Emilia Pardo Bazán y todo lo que representó la dictadura.
La Xunta considera que Meirás no debe centrarse "todo el tiempo" en el pasado, sino ser algo dinámico. El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha asegurado que en el plan de usos tiene que figurar el franquismo como ejemplo del fanatismo y el totalitarismo pero, subraya, "el espacio de Meirás tiene que ser mucho más y no estar todo el tiempo mirando para el Siglo XIX y el XX".
El Gobierno pedirá a la Xunta la suspensión de las visitas al Pazo de Meirás durante un mes o mes y medio. Una treintena de patrullas de la Guardia Civil, por turnos, vigilarán las 24 horas del día el recinto. Los agentes controlarán que ninguna persona acceda al inmueble durante el plazo que tiene el Estado para declarar qué bienes pueden retirar los Franco y cuáles no.
La representante legal del Estado estima que la sentencia no será firme y ejecutable hasta dentro de unos dos años. Castro advierte que la administarción central está dispuesta a llegar hasta donde haga falta.
La familia Franco, pendiente de su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, considera que el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. El nieto mayor del dictador, Francis Franco, ha tachado de "circo" la entrega de las llaves de las Torres de Meirás al Patrimonio Nacional, incluido el protagonizado por la Abogada del Estado y la Jueza Marta Canales.
La Jueza de Primera Instancia número 1 de A Coruña impidió a la familia retirar bien alguno del Pazo mientras tuviese lugar el inventario por parte de los técnicos de Patrimonio Nacional y de la Xunta de Galicia.
Primeros pasos
El martes 15 de diciembre se celebrará en la Delegación del Gobierno la primera reunión de la Comisión de Seguimiento Sobre el Futuro del Pazo de Meirás con presencia de todas las administraciones implicadas. Por parte de la Administración central estará presente el secretario de estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez. El Gobierno ha invitado a la Xunta, Diputación de A Coruña, y a los Ayuntamientos de Sada y A Coruña. Colectivos ciudadanos como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica reclama su presencia en este foro.
Cas Cornide
La Abogada del Estado, Castro Rey, considera que la sentencia sobre Meirás puede abrir caminos hacia otras demandas como la de la Casa Cornide de A Coruña, aunque puntualiza que la situación jurídica va a ser diferente.
Preguntado sobre esta cuestión, el nieto mayor de Franco ha afirmado que "no tiene nada que ver con el Pazo de Meirás" y ha acusado al Gobierno de no respetar la propiedad privada. La Casa Cornide, en pleno casco antigüo de A Coruña, fue comprada por Pedro Barrié de la Maza por 300.000 pesetas y éste despúes se la vendió a Carmen Polo por 25.000 pesetas. El argumento de quienes demandan su devolución a la ciudad herculina es que se trató claramente de una compra venta fraudulenta.
