El PP de Cantabria quiere vetar el acceso de okupas a viviendas sociales
Propone reformar la ley autonómica de vivienda protegida para que no tengan acceso a viviendas sociales quienes hayan sido sancionados por usurpación de vivienda
Vecinos de Meruelo manifestándose contra las Okupaciones ilegales. / Cadena Ser (Europa Press)
Santander
El PP de Cantabria ha propuesto reformar la normativa autonómica para que no puedan ser propietarios o usuarios de viviendas protegidas las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o hayan sido sancionadas, también a través de resolución administrativa firme.
Esta es una de las medidas contra la okupación ilegal que los populares proponen introducir, vía enmienda, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021, la llamada ley de acompañamiento, según ha anunciado hoy, la presidenta del PP de Cantabria, María José Saénz de Buruaga.
El planteamiento es vetar el acceso a las viviendas sociales de los okupas que hayan sido condenados o sancionados mediante una reforma de la ley autonómica de vivienda protegida, que fue aprobada en 2014.
Además, con el objetivo de proteger a las víctimas de la okupación ilegal, el PP pide que se les proporcione apoyo jurídico mediante la firma de un convenio con el Colegio de Abogados para que obtengan asesoramiento y respuesta "en las primeras 48 horas", un acuerdo al que propone destinar una partida de 20.000 euros.
Según Buruaga, estas son las primeras medidas que se propone adoptar en el ordenamiento autonómico contra la okupación.
La presidenta del PP ha repasado las principales enmiendas parciales a las cuentas, que por importe de 144 millones, ha registrado su grupo parlamentario. Son 245 propuestas, de las que 218 se dirigen a la ley de presupuestos y 27 a la ley de acompañamiento.
Buruaga ha subrayado que, aunque para el Gobierno de Cantabria haya terminado el debate presupuestario, para el PP el trámite de las enmiendas parciales es "una segunda oportunidad" para hacer de las cuentas un instrumento adecuado a las necesidades de la comunidad autónoma en estos momentos de crisis.
Con sus propuestas, el principal partido de la oposición quiere seguir defendido la alternativa que planteó al Ejecutivo para inyectar 150 millones de euros en la economía productiva, acudiendo coyunturalmente y de manera excepcional al endeudamiento.
Así, propone 5 millones de euros para un plan de rescate de autónomos y pymes de los sectores condenados al cierre forzoso y las restricciones de actividad derivadas de la pandemia, para los que se han aprobado 15 millones este año, pero no hay nada en los presupuestos del próximo.
Pide también 2,8 millones para un plan para activar el consumo en el comercio y la hostelería, como el que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santander, 4 millones para dotar de liquidez a las empresas y 5 millones para medidas de protección a los trabajadores y familias más afectadas por la crisis, entre otras medidas.
Otras de las enmiendas van encaminadas a incrementar y acelerar la inversión pública. Así, propone destinar 4,8 millones para infraestructuras educativas, 1,5 para infraestructuras sanitarias de atención primaria y salud digital y aumentar en 1,5 millones el fondo para los afectados por los derribos.
En el ámbito de las políticas sociales, propone, entre otras medidas, un plan de recuperación de la asistencia sanitaria no covid dotado con 5 millones y otros 15 millones para financiar las estancias concertadas de mayores, dependientes y personas con discapacidad.
El PP plantea también un plan de reducción de altos cargos del Gobierno y de las empresas públicas para ahorrar dos millones euros a las arcas públicas.
