"Abandonadas a su suerte": el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de las residencias

Madrid

Amnistía Internacional ha elaborado un informe cuyo título no deja lugar a dudas sobre cómo se trató a las personas mayores que vivían en residencias. "Abandonadas a su suerte. La desprotección y la discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España ".

En este documento se denuncia que en la Comunidad de Madrid se vulneraron cinco derechos humanos durante el pico más duro de la pandemia y alertan de que en la segunda ola se puede repetir la situación. Se vulneró el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida familiar y privada y el derecho a morir dignamente. Han documentado cómo la inmensa mayoría de las personas en residencias de Madrid (también se refieren a Cataluña por ser las dos comunidades donde falleció un mayor número de mayores que vivían en residencias) no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia.

Amnistía Internacional es tajante cuando su responsable en Madrid, Jenifer Rebollo, dice que las decisiones que se tomaron en Madrid "lo que hemos constatado es que las medidas y las decisiones que se llevaron a cabo fueron insuficientes y fueron inadecuadas porque no se garantizó que las personas mayores que estaban enfermas y que vivían en residencias tuvieran acceso a los servicios de salud y tampoco se garantizaron medidas alternativas para la asistencia sanitaria en las residencias. En definitiva, no se les dio una oportunidad".

Según Rebollo la falta de atención sanitaria también llevó a que estos mayores sufrieran "desnutrición, deshidratación, llagas, úlceras y también un rápido deterioro en el impacto emocional o depresión" porque además no podían tener contacto con sus familiares. "Hubo personas mayores residentes que necesitaban atención médica y que no podían acceder a un tratamiento adecuado de posible COVID-19 o también de otras patologías", subraya Rebollo.

Para Amnistía Internacional la situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola de la pandemia. Consideran que siguen sin estar garantizadas las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia, y que se mantienen en Madrid las disposiciones discriminatorias respecto a la derivación hospitalaria que aunque no se están aplicando la organización teme que si vuelve un segundo pico de la pandemia se repita la discriminación. "Por eso una de las recomendaciones, de las peticiones que tiene el informe es que se eliminen esas disposiciones que aparecen en los protocolos y que pueden generar en la práctica una discriminación de acceso al hospital de las personas mayores que viven en las residencias", explica la responsable de la organización en Madrid.

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Recuerdan que tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir por eso piden a las administraciones que acorto plazo se cambien esas disposiciones de los protocolos y se aseguren de que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. También reclaman al Gobierno estatal que tramite una ley que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado. Esta organización critica también que no se haya conocido cuánto personal de residencias estuvo de baja por el coronavirus y asegura que en Madrid no hubo medicalización de las residencias. 

Amnistía Internacional ha realizado estas investigaciones entre los meses de julio y noviembre hablando con 97 personas relacionadas con la situación: familiares de personas residentes (40); personal sanitario, social y técnico de residencias (15); personal sanitario incluyendo de emergencias (19), personal directivo de residencias (4) y personas expertas de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las personas mayores en España, incluyendo representantes de residencias (11). Asimismo, la organización se ha reunido con autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid, el director de Coordinación Sociosanitaria, la directora de Atención al Mayor y a la Dependencia, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, así como con autoridades de la administración central del Estado, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La organización explica que hasta la fecha de la publicación del informe no ha podido celebrar una reunión con el Ministerio de Sanidad.