PP y Ciudadanos enmiendan la moción de Compromís para no condenar el "simpa" de Mazón en IFA en 2009

Alicante

En la Diputación, en el pleno ordinario de diciembre, PP y sus socios de Ciudadanos han desvirtuado con una enmienda a la totalidad la moción que llevaba Compromís para condenar la conducta del presidente, Carlos Mazón, por el uso que hizo de IFA siendo vicesecretario del PP, de la cena con militantes por valor de 8.300 euros, que el PP no abonó en 2009 y Antifraude le ha instado a abonar ahora, once años después.

Para el PP, que ha incorporado esa enmienda para pedir que la administración pública se guíe por una conducta "íntegra y transparente", la moción de Compromís "no tiene ningún fundamento", es "burda y esperpéntica" y no forma parte de los asuntos que interesan a los ciudadanos, dice el diputado Juan Francisco Pérez.

Del mismo modo, Javier Gutiérrez, de Ciudadanos, encargado del área de Transparencia, rechazaba esa condena -entre los reproches de la oposición- alegando que el asunto es "ajeno a esta corporación provincial" y que desconocen el transfondo real de la premisa de Compromís.

Pero el portavoz de Compromís, Gerard Fullana insiste en que la conducta de Mazón es "injustificable" y muy ejemplificadora del modo de actuar del PP en esos años y de su "imposibilidad de regenerarse". Por eso pedía en una enmienda propia a la totalidad que se revelase también el coste de la propia cena de los 2.500 comensales de aquella cena, y que además el PP les entregue la contabilidad del grupo de los años 2007 al 2012 como les insta el Síndic de Greuges, "visto que paga con todas las facturas monitorizadas", decía Fullana.

Los socialistas, en respaldo de Compromís, pedían aclarar lo ocurrido para saber si esa cena del 25 de abril formó parte de la financiación ilegal del PP, y que se aportasen "las facturas de la cena, los autobuses y los gastos de montaje", decía el portavoz socialista, Toni Francés.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

La Diputación instará a un cambio de la Ley Celaá

Además, Ciudadanos y PP también se han unido para sacar adelante una moción que inste al gobierno central a modificar la llamada ley Celaá, "para aumentar la calidad del sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución", según decía el popular Eduardo Dolón, que ha propuesto apoyar el recurso de inconstitucionalidad propuesto por su propio partido.

La oposición, antes de su voto en contra, ha reprochado al PP que "mientan", al decir que la nueva ley de educación elimina el castellano como lengua oficial del Estado o que cercena la libertad de elección de los progenitores y han criticado a los populares que den ellos "precisamente lecciones en educación" tras el escándalo de la empresa pública CIEGSA con el anterior Consell del PP, que se usó para financiar el partido.

Gerard Fullana, de Compromís, ha pedido además que desde ahora los populares de paso cumplan la Ley de Uso del Valenciano y les hagan llegar todas las comunicaciones en ambas lenguas, como es preceptivo. Y desde el PSPV, Irene Navarro, les pedía a los populares que dejen de erigirse en "adalides" con mentiras.