La atención a la dependencia, un desierto de gestión y un silencio sepulcral en Canarias

Tenerife

Canarias mejoró su gestión de la dependencia durante el estado de alarma. Al menos así lo refleja el papel, que concluye que en mayo las islas fueron la tercera comunidad autónoma en incrementar el número de beneficiarios de una prestación. Un 10,4 por ciento con 2.336 personas. En la práctica, los dos meses y medio de confinamiento transcurrieron para muchos viendo como sus familiares desesperaban día a día, se resentían y empeoraban a pasos agigantados en entornos reducidos y sin recursos debido al cierre de los centros de atención y a la limitación de los servicios. 

La Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade), atendió durante el estado de alarma a 604 personas, 1.900 teniendo en cuenta a entorno, a coste cero y exprimiendo la única vía que tenían a su disposición, la atención telemática. Su representante, Elena Felipe, ha relatado este lunes ante la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias cómo fueron esas semanas para las familias: "Resulta sumamente doloroso... Saber que cada día que pasa sin recibir las atenciones terapéuticas que necesita, la enfermedad, la dependencia, habrá ganado terreno". 

Acufade achaca a la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana un desierto de gestión y un silencio sepulcral que se consuma en unos fondos estatales todavía insuficientes (lejanos en 2019 a financiar el 50 por ciento de las acciones contempladas en la ley canaria de dependencia, situándose en un 16 por ciento) y en un incremento presupuestario paupérrimo del 0,8 por ciento para los servicios sociales del Archipiélago en 2021. "Nos sentimos desoladas, desamparadas, defraudadas, desahuciadas del sistema de protección social", ha asegurado Felipe, quien ha instado a los grupos parlamentarios a impulsar un cambio legislativo.

"¿Ustedes creen que es posible continuar maltratando de esta manera a los principales proveedores de servicios de atención a la dependencia y del sistema de protección social en Canarias? ¿Realmente creen que esa es la forma? Perdónenme, pero lo llamo maltrato institucional histórico". En estos términos, y ante el estupor de los diputados, se ha expresado la representante de Acufade, que ha solicitado más inversión para las asociaciones y ONG: "¿Creen ustedes sinceramente que se puede financiar la hora de una psicóloga o un fisioterapeuta a 17 euros en un domicilio? ¿Es posible con esta cuantía sufragar los gastos salariales, los seguros, las dietas de transporte, los EPI que se necesitan?". 

Tanto los partidos del Gobierno como de la oposición han respondido al rapapolvo reconociendo los errores cometidos durante décadas de gestión. El Partido Popular y Coalición Canaria han apuntado a cuentas canarias, mientras que Sí Podemos Canarias y el Partido Socialista han construido sus argumentos sobre una política de dependencia cíclica. Así, Lorena Hernández (PP) ha aseverado que "una vez más el presupuesto de la comunidad autónoma defrauda, en este caso al sistema. No hemos sido capaces de darle la respuesta que necesita", mientras que Teresa Cruz (PSOE) ha afirmado que "ningún asunto en este país ha suscitado tantos recortes (...) desde el año 2012". 

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