Un paso más para el desahucio de 250 personas en el centro de Madrid

Madrid

A primera hora de la mañana los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid cruzaban el portón del antiguo palacete infanta Carlota protegidos por la policía para notificar el acta de desalojo a sus 250 vecinos y, entre ellos, 32 familias con 40 menores de edad. A la vez, cerca de un centenar de personas cortaba la calle Luna donde se ubica el inmueble como forma de apoyar la lucha de todos esos inquilinos que han firmado la notificación declarándose 'no conformes'. Un rechazo al abandono voluntario del palacete que inicia los trámites judiciales para que se autorice su desahucio forzoso.

9 años desde su expropiación a un empresario iraní

El Consistorio quiere ejecutar ahora, nueve años después de expropiar el edificio a un empresario iraní, Taefí Alí, que lo convirtió en una serie de apartamentos, el plan con el que justificó su acción:  «El edificio está calificado como dotacional Equipamiento Básico y el Ayuntamiento ha hecho ya un estudio de las dotaciones que hacen falta en el distrito, si bien aún se está decidiendo con exactitud lo que se hará en Luna 32», decía Mariano Fuentes, concejal de Desarrollo Urbano por parte de Ciudadanos, durante la Comisión de Urbanismo de la semana pasada. Ahora, un informe encargado hace un año dice que el espacio podría destinarse a una residencia de ancianos o a un centro cultural, como pide la Junta de Distrito. 

La alternativa del alquiler social

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En cualquier caso, el Ayuntamiento añade que el inmueble "sufre graves daños", lo que les "obliga a intervenir", y que el desalojo se está llevando a cabo en colaboración con los servicios sociales. Sin embargo, algunos de los vecinos contradecían hoy esa versión: "el edificio está bien y varias familias han hecho reformas en sus apartamentos, vinieron del Ayuntamiento a poner unos hierros que no hacen falta", aseguraba una pareja que teme quedarse sin hogar mientras esperan un hijo y después de quedarse sin trabajo durante la pandemia: "Yo empecé aquí alquilando una habitación hace años, entonces le pagaba el alquiler a un inquilino que luego desapareció, se convirtió en un fantasma", sostienen. 

Julia lleva 70 años viviendo allí, sus padres fueron los porteros, y sigue pagando la luz y el agua: "lo único que pedimos es un alquiler social, nos lo dan y nos vamos", insiste ella al tiempo que tilda la actitud del gobierno municipal como 'cruel': "la palabra okupa sobra, aquí viven familias, nosotros pagamos el alquiler hasta que el Ayuntamiento nos pidió en 2011 que no lo hiciéramos"

Desde la organización S.O.S Malasaña, que está siguiendo el caso, contrastaban esta mañana la versión del Ayuntamiento y los servicios sociales: "solo se han ofrecido ayudas temporales, de 1 a 3 meses, a algunas de las familias. Por escrito no se ha propuesta ninguna alternativa". Una reivindicación, la de una solución habitacional para los afectados, a la que se han sumado los grupos municipales del PSOE y Más Madrid.

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