La Fiscalía acusa a Castedo, Díaz Alperi y Ortiz de "connivencia" para "pervertir" el planeamiento de Alicante

Alicante

El juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante en la Audiencia Provincial va tocando a su fin. El Ministerio Fiscal ha presentado este martes su informe de conclusiones en el que ve acreditada la relación de "amistad cuasifamiliar" entre los tres principales acusados: Enrique Ortiz y los dos máximos responsables del Ayuntamiento y del Urbanismo, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, y la connivencia entre ellos para "pervertir " la actividad urbanística de la ciudad entre 2008 y 2010.

"La relación era profundísima con unos tentáculos que lo abarcaban todo", ha dicho el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que también ha advertido del "simbolismo" de haberse negado ambos expolíticos a responder en este juicio a las preguntas del Ministerio.Enrique Ortiz, ha dicho, "no era agente público ni nada" y con la connivencia de Díaz Alperi y Castedo, "tuvo acceso sistemático y directo" al redactor Jesús Quesada y sus técnicos, "marcándole las pautas que le beneficiaban".

El acceso a información privilegiada le benefició además adelantándose a la adquisición de suelo y "franqueándole la ordenación" y las ventajas sobre muchos terrenos. Insiste el fiscal en que existía un deber de neutralidad y de "abstención en todo momento respecto a los intereses de Ortiz" y aunque Castedo afirme que puede separar esa amistad de su condición de alcaldesa, la ley no lo hace.

De hecho, señala, los únicos desencuentros entre los munícipes se derivaron del protagonismo de cada uno por favorecer los intereses del promotor.

La contrapartida fueron los numerosos regalos o donaciones a ambos exalcaldes, desde los viajes en yate de Castedo, el de 36.000 euros a Creta de Díaz Alperi, los 30.000 euros donados al hijo del exalcalde para constituir una sociedad, el mini para la amiga de Castedo, el palco para Díaz Alperi en el Rico Pérez, los tres bungalows para sus hijos o el viaje a Andorra de Castedo y otros concejales con Ortiz en diciembre de 2008. "Imposible que fueran préstamos", ha ido desgranando el fiscal. No constan transferencias ni extracciones de los exalcaldes para el abono de ninguna de estas dádivas, ha subrayado, que tuvieron lugar todas "durante la tramitación del Plan".

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En cuanto a otros dos de los nueves acusados, los abogados del bufete Salvetti, el exedil socialista Javier Gutiérrez y el hermano de la exalcaldesa José Luis Castedo, el fiscal Pablo Romero ve probada su participación "como juez y parte" en la resolución de alegaciones de ese futuro Plan General, motivo por el que añade en su petición el nuevo delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, por el que se reclama una multa de 60.000 euros.

Añade Romero que el Ayuntamiento hizo todo lo que pudo "con sus cooperadores necesarios" para que el Plan General fuera aprobado, aunque luego la aprobación definitiva no estuviera en su mano.

En definitiva, para la Fiscalía "la mayor verdad" en la que se sustentan los delitos de esta causa, es "la desobediencia y la perversión de la actividad urbanística como función pública" que se recoge en la Ley de urbanismo.

En la presentación de las conclusiones, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones optaron por mantener las penas solicitadas para los tres principales acusados: diez años de cárcel para los dos exmunícipes por delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y ocho para Ortiz como autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias y prevaricación.