Se mantienen las penas de las acusaciones para Díaz Alperi, Castedo y Ortiz, como principales acusados

Alicante

En el juicio sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante que se sigue en la Audiencia Provincial, el Ministerio Fiscal ha mantenido para los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, las penas de 10 años de prisión y multas millonarias por favorecer, supuestamente, en el diseño del Plan al empresario Enrique Ortiz, los tres principales acusados de los nueve que se han sentado en el banquillo durante estos días.

Los dos exmunícipies del PP están acusados de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en esta causa derivada del caso Brugal.

Al empresario Enrique Ortiz se le piden 8 años de cárcel como autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

La única modificación que se ha introducido en las penas afecta a las presuntas dádivas. Por los dos viajes de Castedo a Ibiza a bordo del yate de Ortiz el valor global se reduce de los 231.000 euros especificados en el informe pericial a 100.000, al computar el coste de este benficio solo para Castedo y su marido, y no el valor total de los viajes, en los que participaron más personas.

De esta manera, la petición de sanción prevista para Ortiz por el delito continuado de corrupción de autoridades queda fijada en 1.764.447 euros. Para Castedo, por el delito continuado de cohecho se solicita una multa de 175.468 euros.

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La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Alicante también ha mantenido las conclusiones de su escrito inicial, aunque con una reducción de penas, de 2 años y nueve meses para los tres principales encausados: Ortiz, Díaz Alperi y Castedo. Por su parte, la acusación popular que ejerce Esquerra Unida solo ha modificado la petición con la retirada del delito de aprovechamiento de información privilegiada para Ortiz, que ya fue retirada del proceso por parte del juez instructor.

Última sesión de escuchas telefónicas

En la última sesión de escuchas este lunes se han oído las últimas conversaciones, correspondientes a 2009; varias entre el promotor Enrique Ortiz y la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, recién abierto el plazo de alegaciones al Plan, en enero de ese año, y otras que dan testimonio de la alianza entre el constructor y el exalcalde, Díaz Alperi.

A punto de terminar ese plazo de alegaciones al Plan General, Ortiz apremia a Castedo para que le haga hueco en su apretada agenda porque está viendo, dice, que el PGOU le "destroza por todos los lados". Al día siguiente se vuelven a llamar para reunirse y la alcaldesa le pregunta "si necesita" que esté Jesús Quesada, el redactor del Plan General, a lo que él responde que "claro", y que vaya (el técnico José Luis) Ortuño o los que quiera ella también.

En llamadas posteriores Díaz Alperi le muestra a Ortiz su preocupación por el distanciamiento que nota por parte de Castedo, que atribuye a su interés en borrar cualquier vínculo con él. "Sonia me odia a muerte", se queja.

También se han oído varias conversaciones sobre compensaciones de porcentajes, que desvelan el interés de Ortiz de acaparar el mayor volumen de metros de suelo posible no urbanizable para poder reclasificarlo, como en las Torres de la Huerta. En una de ellas, Ortiz hace hincapié en que ningún aprovechamiento suba del coeficiente de edificabilidad del 0'30. Dice que "existe voluntad política" y que ahí todos pueden "hacer el negocio del siglo".

De hecho, en conversaciones posteriores el constructor dice, en alusiones a otro terreno, en los Saladares, que va a hacer el último intento para recalificarlo y que "si no, no pasa nada porque lo harán parque natural" y le darán las adscripciones, replica a su interlocutor.

Este martes continuarán las conclusiones con el informe del Ministerio Fiscal.