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El juez investiga a Ana Kringe, ex alcaldesa del PP de Dénia, por el caso 'Púnica'

La exalcaldesa de Denia, Ana Kringe, a su salida de los juzgados para declarar sobre el caso FITUR del Patronato de Turismo. / Sonia Martín

La exalcaldesa de Denia, Ana Kringe, a su salida de los juzgados para declarar sobre el caso FITUR del Patronato de Turismo.

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, así como a otros cuatro exalcaldes --entre ellos, Ana Kringe, ex primera edil de Dénia, y Alfonso Bataller, de Castelló-- y varios concejales del PP por los trabajos de reputación 'online' que se investigan en el marco del caso 'Púnica'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a Vinuesa, por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana Kringe (Dénia), Alfonso Bataller (Castelló), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habrían realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.

En este sentido, el juez también cita a declarar --aún sin fecha-- como investigados en la pieza 10 del caso 'Púnica' a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejoraran la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados 'ad hoc', blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.

Entre los citados a declarar, en el caso del Ayuntamiento de Castelló figura el exconcejal del PP Juan José Pérez Macián, una exasesora y la entonces coordinador de Comunicación del consistorio mientras que en el de Dénia también se investiga al exjefe de gabinete de Kringe.

En relación con este último consistorio, el instructor pide al secretario del Ayuntamiento que certifique las cantidades que se hubieran abonado a otro investigado, Víctor Steinberg, y los expedientes instruidos más la factura que acredite la justificación de la realización de la prestación.

El magistrado también ha enviado solicitud a Les Corts para que, en el apartado de las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Gandia --en la causa ya figuraba como investigado el exalcalde 'popular' Arturo Torró--, se certifique si el exedil y ex secretario general del PP de la localidad, Víctor Soler, sigue siendo diputado para elevar exposición razonada al TSJCV y que fuera citado como investigado. De no serlo ya, como es el caso, se solicita su citación como investigado en este procedimiento.

SIN INDICIOS EN VALÈNCIA

El juez, al igual que sostenía el ministerio fiscal en su informe, considera que los indicios recabados hasta la fecha por presuntas irregularidades en esas fechas en los Ayuntamientos de Madrid y València relacionadas con Alejandro de Pedro, no superan el umbral para ser constitutivos de delito.

En este sentido, señala que el trabajo realizado por EICO "parecía estar dirigido a posicionar online las noticias favorables al 'equipo municipal', enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de políticas públicas, y ello, sin perjuicio de que la investigación que resta por practicar, evidencia la intención de pagar con fondos públicos campañas de reputación política puramente personal".

Fiscalía sostiene que Kringe y su jefe de gabinete aceptaron que la realización de trabajos personal a la alcaldesa los abonasen "de forma subrepticia" los fondos públicos del consistorio.

En el caso de Castelló, considera acreditado que hubo un concierto de los investigados con De Pedro para contratar trabajos de reputación personal para Bataller y su financiación con fondos públicos y, para ocultarlo, convendrían adjudicar un contrato que simularía contratar publicidad para campañas simuladas a Madiva, otra de las empresas de la trama.

Y en el caso de Gandia, el fiscal apunta que Soler, junto con otro cargo local del PP investigado, concertaría con Torró cómo satisfacer la deuda pendiente con De Pedro por trabajos de reputación para el edil, y afrontar el pago de otros nuevos que le realizaría la trama.

 
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