Ramírez avala con sus accciones de la UD la fianza de 50 millones que le impuso la justicia
El juez ha solicitado la apertura de juicio oral contra el empresario por un presunto fraude a la Seguridad Social y a la hacienda pública
EFE / EFE
Miguel Angel Ramírez, avalará con sus acciones de la UD Las Palmas la fianza de 50 millones de euros que le impuso el juez tras comunicar la apertura de juicio oral por presuntos delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social. El escrito de la defensa del empresario grancanario, al que ha tenido acceso la SER, recoge que Ramírez pondrá el 63% de las acciones que ostenta de la Unión Deportiva La Palmas para poder cubrir la mayor parte de dicha fianza.
Según recoge el escrito de la defensa del también presidente del equipo amarillo, Miguel Angel Ramírez habría satisfecho 3.251.950 euros, y quedaba pendiente el resto que quedaría cubierto por las acciones de la UD que ostenta a través de la soeciedad Sport Trade Cabiltal S.L. en la que advierte de que únicamente consta un 55,2% de particpación puesto que fue el pasado 19 de octubre cuando aumentó esta hasta el 63%.
Además señala que el porcentaje de acciones que ostenta esta sociedad cubre con creces la fianza solicitada. Sostiene que el patrimonio neto de dicha entidad deportiva según las cuentas aprobadas y auditadas en el ejercicio 2016/2017 ascendía a la cantidad de 22.128.203 euros, incrementándose a fecha de 30 de junio de 2019 a la cantidad de 34.636.537 euros.
El empresario grancanario, propietario entonces de Seguridad Integral Canaria junto con Héctor de Armas, presuntamente defraudaron alrdedor de 37 millones de euros entre 2010 y 2013 al disfrazar sistemáticamente como dietas el aboto de horas extra de sus trabajadores.
Además la Fiscalía solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para, Miguel Ángel Ramírez, a quien acusa de haber defraudado 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017.
La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, en un movimiento que el Ministerio Fiscal considera una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 % de la compañía.
